Buenos Aires, 20 de mayo. La ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado de Uruguay aprobada en 1986 y conocida como la ley de impunidad en ese país y que dejó sin castigo a los responsables de la pasada dictadura militar (1973-1985) no pudo ser anulada después de un tenso debate de 14 horas, cuando el voto terminó en empate, ante la deserción de un diputado del oficialista Frente Amplio, lo que provocó un fuerte abucheo y la indignación de centenares de manifestantes que rodearon el Congreso.

La decepción y el descontento se expresaría luego en la tradicional Marcha del silencio que recorrió Montevideo en homenaje a los desaparecidos y víctimas de la pasada dictadura militar. La fecha coincide con la conmemoración del secuestro y asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y del matrimonio de Carmen Barredo y William Witelaw Blanco en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor.

El oficialista diputado Víctor Semproni, un ex guerrillero de 70 años, se retiró forzando el empate porque sostuvo no estar de acuerdo con la decisión tomada por su partido, el gobernante Frente Amplio (FA).

Recientemente dijo a este periódico que considera que esta ley debe ser anulada por un amplio consenso para que realmente tenga mucha fuerza en la sociedad uruguaya, aunque admitió que está de acuerdo en que hay que borrarla para siempre del sistema legal uruguayo.

Aquí en Buenos Aires, convocados por los uruguayos residentes se realizó un acto en el obelisco en el centro de esta ciudad, que de alguna manera continuó el emocionado homenaje que se hizo en la cancillería argentina ayer aquí, en memoria a Michelini y sus compañeros.

La ley no podrá ser tratada hasta el año 2015 y así seguirá vigente la 15.848 votada en 1986 y ratificada en plebiscitos de 1989 y 2009, que aunque impide algunas investigaciones permite juzgar otros delitos como el secuestro de niños y acciones en las que hayan participado civiles; de hecho esto ha sucedido con el tema de la Operación Cóndor, en que algunos de los militares responsables están encarcelados.

El grito de traidores fue unánime y evidentemente expresó la frustración de miles de uruguayos y especialmente de víctimas sobrevivientes de la pasada dictadura y organismos que en días anteriores habíamos podido consultar en Montevideo y tenían mucha esperanza, después de tantos años de lucha por la verdad y la justicia.

La Central Única de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT) –que tuvo un papel preponderante en el plebiscito realizado en octubre de 2009 y que se perdió por escasos puntos ya que se alcanzó 47.98 por ciento de poco más de 50 que hacía falta para la anulación- convocó a esta acción hoy en el marco de una huelga general parcial de cuatro horas. Cientos de manifestantes siguieron el debate dentro del recinto.

Pero todos aseguran que la lucha no cejará y que se buscarán caminos que siempre pueden abrirse como dijo a La Jornada Macarena Gelman, la nieta del poeta Juan Gelman, cuya historia ha dado al vuelta al mundo y que fue recuperada en el año 2000, después de haber sido apropiada por los militares de Uruguay donde nació en cautiverio.

Precisamente el 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la solicitud de Macarena en la búsqueda de justicia y de los restos de su madre María Claudia García de Gelman, quien fue secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Marcelo Gelman, cuando tenía 19 años y estaba embarazada y luego trasladada a Uruguay en el cruel intercambio de los cóndores. La CIDH ordenó a Uruguay eliminar los obstáculos para buscar la verdad y sancionar a los responsables de crímenes en la dictadura.

Macarena nació en un centro ilegal de detención de los militares uruguayos y fue arrebatada a su madre, que está desaparecida. Su padre fue asesinado y arrojado en un tonel en un río aquí y encontrado en los años 90.

Para esta joven y otros nietos recuperados en Uruguay, para los familiares de unos 200 desaparecidos en ese país y los más de cien que se registran en Argentina, para los miles de torturados en las cárceles uruguayas, la ley de caducidad, que deja impune a los responsables de delitos de lesa humanidad, es una afrenta al pueblo y condena a todos a vivir en el manto de la impunidad.

El presidente José Mujica había pedido a Semproni que se alineara con la decisión del FA, en cuyo interior se libró un debate muy fuerte y la mayoría decidió votar por la nulidad.

Estos últimos tiempos se habían acumulado buenos antecedentes y especialmente el reclamo de la CIDH al Estado uruguayo, así como una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay del pasado 10 de febrero de 2011, en una causa por el secuestro y traslado de cinco uruguayos desde Argentina en 1974, que abría el camino a la posibilidad de anular la ley.

También se había rechazado el intento del vicepresidente Danilo Astori, quien el 3 de marzo pasado, había sugerido que se derogara la ley. Pero en este caso eso significaba la impunidad para todo lo actuado en el pasado.

Muchos más pasos se dieron y el tema dividió aguas en el FA y puso en escena la incomprensible posición de uno de los ex dirigentes tupamaros Eleuterio Fernández Huidobro, quien amenazó con renunciar a la Cámara alta si se votaba la ley.

Finalmente el viernes pasado, el plenario del FA ordenó a sus diputados anular la ley en la votación de hoy.

Ayer una de las pancartas desplegadas ante el Congreso tenía escrita una frase del famoso Adagio en mi país, de Alfredo Zitarrosa: Dice mi padre que un sólo traidor puede con mil valientes. Y ese era el sentimiento de muchos hoy.