Las mujeres indígenas deben ser reconocidas como sujetos de derechos específicos y colectivos por lo que la lucha de este sector debe encaminarse a la visibilización. Mujeres pobladoras de pueblos originarios en México, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Bolivia llamaron a conformar un frente común que erradique los flagelos en su contra en estas naciones.

Así lo informaron durante una conferencia en la que se dieron a conocer las resoluciones del tercer diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas, coordinado por el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras instituciones.

Arcelia García Santiago, de México, informó que la participación de la mujer indígena debe incrementarse para que sus ideas y conceptos sean tomados en cuenta en las políticas públicas. Esto, además del respeto a sus derechos, pues de los más de 112 millones de mexicanos, 15 millones son indígenas y de esta cantidad 56 por ciento son mujeres.

Demandaron no seguir siendo víctimas de la violencia de Estado, institucional, e incluso dentro de sus propias comunidades; que se detenga la explotación de nuestros recursos naturales; autonomía y libre determinación para sus pueblos; que se reconozca el papel histórico de las mujeres indígenas en los movimientos sociales que han generado procesos de cambio, y que los gobiernos de sus naciones asuman como leyes internas los compromisos internacionales relacionados con las culturas originarias y no sólo como acuerdos o convenios.

Otilia Lux de Cotí, diputada en el Congreso de Guatemala e integrante del Movimiento Político indígena winaq, indicó que durante el diplomado se fortaleció el liderazgo para que estas mujeres impulsen su participación política efectiva en propuestas y soluciones para sus localidades y sus países.

Tenemos que reformular nuestras propuestas para que el gobierno se vea obligado a incorporarlas, como políticas de Estado primero, y después como políticas públicas.

Según la legisladora guatemalteca de origen maya, el sistema democrático en la región no ha podido dar respuesta a los problemas de los pueblos originarios y, en particular, de las mujeres indígenas. Convocó a ver la diversidad cultural como una riqueza más que como una debilidad para las naciones.