En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se cuenta sólo con 269 reconocidos y formados, lo cual es insuficiente si se toma en cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser hablantes de lenguas originarias, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo.

De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que no tuvieron acceso a un juicio justo.

Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete.

Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003.

No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos indígenas ni entre funcionarios..

El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la certificación de intérpretes.

Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali.

Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la ley estamos teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas.

Dijo que para atender el reto de contar con más y mejores intérpretes, el Inali canaliza 2.5 millones de pesos, lo cual aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán.