El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, advirtió que mientras el gobierno federal no prohíba la operación de los denominados pozos de carbón y obligue a los empresarios mineros a cumplir las normas de seguridad en los socavones, seguirán las muertes de trabajadores, provocadas por siniestros como la explosión del martes en el pozo tres de la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Alfonso González Vélez.

El prelado hizo un llamado a las autoridades, en especial a los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que dejen de ignorar los hechos y pongan alto a la situación de esclavitud moderna que padecen los mineros.

Exigió a la Secretaría de Economía que ya no otorgue concesiones para operar en esas condiciones, porque los pozos son ilegales, sepulcros tolerados.

En entrevista con La Jornada, Vera López, quien ayer estuvo algunas horas en el Distrito Federal, aseveró que es una falacia sostener que se tolera la actividad de los pozos porque son fuentes de empleo, cuando en realidad son fuentes de explotación y muerte.

Criticó las declaraciones que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, hizo en varias radiodifusoras acerca de la imposibilidad de que la dependencia tenga plena vigilancia en la zona, pues no cuenta con suficientes inspectores y por la dificultad para identificar esas explotaciones mineras.

Es una excusa más, consideró el obispo, quien dejó entrever que cuando se tiene verdadero interés en encontrar algo se localiza. Cómo es posible que no se pueda saber dónde están los pozos, éstos se ven; tal vez Lozano en su vida había estado en la zona minera.

Sostuvo que si las autoridades tuvieran voluntad para actuar contra los empresarios poceros, con pocos inspectores se cierra todo, e indicó que muchas cosas no se quieren ver porque están cubiertas por la corrupción, que en Pasta de Conchos quitó la vida a 65 mineros y ha dejado enterrados ahí a 63, así como la que permite que operen los pocitos y que en ellos laboren menores de edad.

Señaló que en las condiciones en que se encuentra el país ya no se puede seguir tolerando a funcionarios ineptos e inútiles, por lo cual hace un llamado –después de la nueva tragedia en Sabinas– para que todas esas autoridades que no garantizan la seguridad de nadie, que no garantizan fuentes de empleo digno, que no garantizan nada, por inútiles se vayan para que permitan que lleguen personas aptas, responsables y preparadas.

Instó a que la explotación de los yacimientos se realice en forma legal y que las minas sean construidas con las medidas de seguridad requeridas para garantizar la vida de nuestros hermanos del carbón.

Explicó que esa medidas tiene como propósito que los mineros no tengan que trabajar en un vil boquete, con tiros de un metro 20 centímetros de altura, en los que laboran 12 horas o más al día, agachados y afectando su columna vertebral, además de que deben soportar ser tratados como animales.

Afirmó que además están expuestos a morir antes de tiempo por la carencia del equipo mínimo para realizar sus labores.

Vera López desconfió que prospere un denuncia penal en el caso Sabinas, porque en el de Pasta de Conchos la Procuraduría General de la República jamás emprendió acciones contra los empresarios ni acató las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuándo hemos visto a un empresario minero o pocero detenido?, preguntó.