na de las causas de muchos conflictos universitarios es la confusión entre rigor académico y rigidez escolar. No hay motivo para dudar que Ignacio Chávez, Jorge Carpizo y Francisco Barnés tenían la intención de mejorar la calidad de la educación universitaria, pero un razonamiento pedagógico rudimentario (y equivocado) y una visión clasista de la sociedad y la educación les hizo considerar que con restricciones, coacciones, límites, mediciones, premios y castigos se lograría la ansiada meta de la excelencia y la selección de los mejores. El resultado en los tres casos fue desastroso.

A los sistemas escolares desarrollados en el siglo XIX se les encomendó no solamente transmitir conocimientos a los niños y jóvenes, sino también socializarlos, condicionarlos para que adquirieran las conductas y actitudes exigidas por la buena marcha de la sociedad: la disciplina, la obediencia, el respeto a la autoridad. Dicha socialización se procuraba (y procura) igualmente mediante mecanismos coercitivos, incluyendo los castigos físicos. A pesar de que los estudiantes universitarios no son niños, sino ciudadanos adultos, esta concepción de la educación ha influido en la determinación de políticas universitarias y generado graves conflictos.

Son muchas las reglas escolares que no tienen justificación. Empezando por la rigidez de los planes de estudio saturados de materias obligatorias y con seriaciones sin base racional. Por supuesto, hay habilidades y conocimientos necesarios, convenientes o indispensables para la obtención de una calificación profesional, y si un alumno persigue este propósito debe ser consecuente; también es inevitable atender la forma como están estructurados los conocimientos. Pero se impone al estudiante, por ejemplo, el requisito de haber pagado Literatura 1 (Novela del siglo XIX) para inscribirse en Literatura 2 (Poesía del siglo XX), cuando a él no le interesa la novela del siglo XIX, o pagar matemáticas antes de inscribirse en física.

Sin duda, un alumno que no está preparado para iniciar un curso debe subsanar sus deficiencias antes de solicitar su inscripción al mismo. Principio elemental de racionalidad y responsabilidad. Pero los sistemas escolares, en general, no operan con esa racionalidad; con mucha frecuencia responden a reglas burocráticas disfrazadas de rigor académico, que obedecen a la imposición de intereses y criterios no sólo ajenos, sino opuestos a la verdadera academia y la pedagogía: estandarización, ritmos uniformes, plazos perentorios. Hace algún tiempo (ignoro si sigue ocurriendo) la SEP establecía que un estudiante inscrito en educación superior en fecha anterior a la obtención del certificado de bachillerato incurría en una grave falta denominada violación de ciclos, pero que era dispensada con el pago de una multa de algunos miles de pesos.

Estas reglas deseducan al estudiante, le imponen una visión burocrática del aprendizaje y la cultura. Junto con la libertad de enseñanza debe establecerse la libertad de estudio. Sí, porque a pesar del escándalo que provoca a algunos, un elemento esencial del aprendizaje es el libre deseo de aprender. En la administración del rector Javier Barros Sierra en la UNAM se aprobó un avanzadísimo Reglamento de Inscripciones que contemplaba la figura de estudiante oyente con derecho a examen. De conformidad con esta disposición, cualquier persona podía inscribirse en cualquier curso de la UNAM, aprender, ser examinado y obtener una calificación. Posteriormente, una vez realizados los trámites necesarios y si era de su interés, presentaba la documentación correspondiente y hacía válida la calificación (certificación) previamente obtenida. Cabe señalar que esta política liberal en cuanto al estudio y la certificación de conocimientos es característica de las mejores universidades del mundo y que no va en detrimento del nivel académico.

En la mayor parte de nuestras universidades, los estudiantes no pueden cursar materias que se imparten en escuelas o facultades de la misma institución, pero distintas a la que el alumno está inscrito. En cambio, la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece que todo estudiante de la propia universidad tiene derecho a inscribirse en cualquier curso que se imparta en la misma con dos condiciones: a) que en el momento de inscribirse haya cupo en el curso y b) que de conformidad con los reglamentos y procedimientos establecidos demuestre que cuenta con la preparación necesaria para cursar con éxito la materia libremente elegida. Así, un estudiante de Creación Literaria puede inscribirse en cualquier curso de historia, o de ciencias o de ingeniería; para qué lo hace es asunto suyo, y su única obligación es demostrar que tiene la preparación necesaria para cursar esa materia y cumplir con su compromiso de estudiar.

No se niega la necesidad de ciertas reglas escolares, calendarios y procedimientos, pero no se pueden confundir con el rigor académico, al que no se presta tanta atención, y que reside en la riqueza de información, en la solidez de los razonamientos, en la consistencia de la argumentación, en la claridad y corrección en la exposición, en la pertinencia de los métodos de investigación, en la capacidad de creación.

Ciertamente, reconocer la libertad de elección a los estudiantes genera problemas administrativos y de planeación, hace imposible que las universidades operen como eficientes líneas de montaje, pero, ¿se habrá medido el desperdicio que significa que los estudiantes dediquen su tiempo a estudiar temas que no les interesan o en condiciones que les son adversas?