Estados
Ver día anteriorMiércoles 27 de abril de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Funcionarios aseguran que las indagatorias siguen, aunque no se han dado a conocer avances

Confirman que desde 2010 la PGR tiene expediente del caso Chavarría

Según líder perredista, Aguirre Rivero instruyó al procurador López Rosas a investigar el extravío del documento y castigar a responsables de crímenes contra luchadores sociales

Foto
En imagen de archivo, Armando Chavarría Barrera, cuando fungía como secretario de Gobierno de Guerrero, en el sexenio de Zeferino Torreblanca GalindoFoto Lenin Ocampo
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 30

El expediente del homicidio de Armando Chavarría Barrera –ocurrido el 20 de agosto de 2009 en Chilpancingo, Guerrero, cuando era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local– fue atraído formalmente por el Ministerio Público Federal desde junio del año pasado y presuntamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) quedó abierto un triplicado del documento, revelaron mandos de la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado lunes, Alberto López Rosas, titular de la PGJE, declaró que las constancias de la investigación estaban desaparecidas: borraron toda evidencia; no encontramos ningún antecedente de ese homicidio más que constancias simples en copias y sin firmas, por lo que la PGJE está imposibilitada de dar un balance en dichas investigaciones, y señaló no contar con indicios de que el caso se hubiera turnado a la PGR, como instruyó el fiscal Jesús Miranda Rodríguez.

Funcionarios de la PGR confirmaron que la investigación del homicidio fue atraída por la PGR desde junio anterior y las investigaciones siguen, aunque reconocieron que no se han dado a conocer avances.

Ayer, el Congreso local acordó la comparecencia de López Rosas, titular de la PGJE, para que rinda ante el pleno camaral un informe pormenorizado de la situación sobre la desaparición del expediente de la averiguación previa BRA/SC/02/1751/2009 relativo al homicidio de Chavarría Barrera cuando era presidente de la Comisión de Gobierno legislativa y considerado candidato natural del PRD a la gubernatura.

La comparecencia se realizará el jueves 28 de abril a las 11 horas en el salón de plenos. El punto de acuerdo fue propuesto por los integrantes de la Comisión de Gobierno, en la que participan los representantes de todas las fracciones parlamentarias.

Horas antes, Carlos Reyes Torres, presidente del secretariado estatal del PRD, demandó al gobierno estatal que encabeza Ángel Aguirre Rivero una investigación exhaustiva para se cas- tigue a los delincuentes que desaparecieron el expediente citado, así hayan sido funcionarios del gobierno perredista.

Confió en que el fiscal guerrerense López Rosas haya solicitado a la PGR la información del paradero del expediente, tomando en cuenta que desde el año pasado atrajo el caso del asesinato de Armando Chavarría. También se tiene que citar a los ex funcionarios (del recién concluido gobierno de Zeferino Torreblanca): yo creo que no le temblará el pulso (al procurador estatal) para hacerlo, si se toma en cuenta que el caso es muy grave, es un asunto que indigna a la opinión pública y en general a la sociedad.

Reyes Torres reveló que el lunes pasado, durante una reunión que sostuvo la dirigencia estatal del sol azteca con el gobernador Aguirre Rivero, éste dio indicaciones a López Rosas para investigar el extravío del expediente y responder con certeza a la ciudadanía, no sólo en este caso, sino en el de todos los crímenes cometidos contra luchadores sociales, y que se castigue a los responsables de esos hechos que hasta la fecha están impunes.

Urbano Lucas Santamaría, secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, destacó que para el partido es una garantía que el actual gobierno de Ángel Aguirre no esté ocultando la situación respecto del caso de Armando Chavarría. En la reunión que tuvimos con él el lunes pasado refrendó su voluntad de llegar hasta donde tenga que llegar para darle continuidad a los cerca de 40 asesinatos cometidos contra militantes perredistas y luchadores sociales.