El proyecto de vigilancia y fiscalización de los funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) que autorizó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incluirá la revisión periódica de las cuentas bancarias y de la evolución patrimonial de juzgadores que resulten sorteados por un registro interno de la Contraloría de ese órgano disciplinario de los impartidores de justicia, revelaron fuentes judiciales.

Las inspecciones incluirán la revisión, por sorteo, de los bienes y propiedades que estén registradas a nombre de algún juez de distrito o magistrado de circuito.

Esa fiscalización se realizará obligatoriamente en aquellos casos en que se presenten quejas de parte de abogados litigantes, o cuando se hagan denuncias anónimas de parte de algún miembro del Poder Judicial contra alguno de sus compañeros o superiores, por presuntos actos de corrupción.

No son pocos los casos de quejas presentadas en años recientes en la Judicatura Federal contra algún funcionario del PJF –desde actuarios y oficiales judiciales, hasta secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de circuito y jueces de distrito– que es acusado de cohecho o extorsión por algún litigante y/o fiscal.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario aclararon que si bien abundan en el CJF las quejas contra juzgadores acusados de presuntos actos de corrupción, en la mayoría de los casos las denuncias de carácter administrativo carecen de sustento y terminan en el archivo judicial.

El pasado lunes, el pleno de la Judicatura Federal avaló una propuesta del ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, que impone rigurosas medidas para fiscalizar el patrimonio de los funcionarios del PJF.

Se trata de medidas fiscalizadoras que incluyen la revisión de las cuentas bancarias de impartidores de justicia federales, quienes a lo largo de la historia del PJF habían quedado intocados en sus finanzas, bienes patrimoniales y salarios, que son de los más jugosos en el ámbito del servicio público.

La finalidad de esta decisión es garantizar que los servidores públicos del PJF cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos, además de detectar cualquier evidencia o indicio de enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar, refirió el CJF en un comunicado.

El caso más grande de corrupción en el que se vio envuelto un alto funcionario del PJF está relacionado con la acusación en contra del ex ministro de la Corte Ernesto Díaz Infante, de quien se dijo que recibió 500 mil dólares del abogado Enrique Fuentes León para que dejara en libertad a Alejandro Brown Díaz, El Chacal de Acapulco, declarado culpable de la violación y homicidio de la niña Merle Yuridia Mondain Segura, de seis años de edad.

En agosto de 2001, Araceli Sánchez Palestina, ex secretaria del abogado Fuentes León, acudió al juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en la ciudad de México para ratificar una declaración judicial, en el sentido de que ayudó a un ex pasante de derecho de apellido Ramírez Cardoso, y al mismo Enrique Fuentes León, a guardar en un portafolio de color miel la suma de 500 mil dólares.