A pesar que desde el año 2007 se constituyó el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, las entidades federativas e instituciones federales han incumplido la aplicación de exámenes de confianza a todo el personal que labora en las secretarías de seguridad pública, procuradurías y sistemas penitenciarios, de acuerdo con informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, la aplicación de las pruebas sicológicas, poligráficas, toxicológicas, de entorno social (socioeconómicas) y médicas no garantiza que los servidores públicos no se corrompan o no se vinculen con organizaciones criminales.

Así lo demuestra lo sucedido, por ejemplo, con el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Noé Ramírez Mandujano, quien aprobó los exámenes de confianza de acuerdo con documentos en poder de La Jornada, y actualmente se encuentra sujeto a proceso penal por delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Por cierto, Marisela Morales, sucesora de Ramírez Mandujano en la SIEDO, fue examinada en 2008 y en días recientes fue propuesta para dirigir la Procuraduría General de la República (PGR).

En el caso de la PGR la ley orgánica de la institución obliga a la realización de los exámenes de confianza a todo su personal, incluyendo a empleados de base y que forman parte de los dos sindicatos de esa institución; sin embargo ese requisito no es aplicado, indicaron funcionarios de la Visitaduría y la Oficialía Mayor, debido a la juicios de amparo en curso.

También existen altos funcionarios de instituciones dedicadas a la procuración de justicia y seguridad pública que no son sometidos a exámenes de confianza, por ejemplo, en el caso del actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien de diciembre de 2000 a diciembre de 2006 se desempeñó como titular de la Agencia Federal de Investigación y no fue sometido a las pruebas de confianza, de acuerdo con información proporcionada por la PGR mediante una solicitud de información.

El pasado 31 de marzo, el presidente Felipe Calderón, declaró durante la 95 asamblea ordinaria, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servitur), que a los exámenes de confianza deberán someterse los procuradores y subprocuradores, secretarios de seguridad pública y los integrantes de las 32 unidades antisecuestro.

Y anunció: que todos nos comprometamos a pasar exámenes de control de confianza a los altos mandos de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública en los estados, pero nada dijo de los funcionarios federales.

Respecto a las entidades federativas, de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, en ese año los convenios de coordinación suscritos en el contexto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las entidades federativas y el Distrito Federal (FASP), vinculados con el programa de evaluación de control de confianza del personal sustantivo de seguridad pública mediante evaluaciones médicas, toxicológicas, sicológicas, poligráficas, socioeconómicas, de conocimientos generales y de técnicas de la función policial, dirigidas a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de las 32 entidades federativas”, tuvieron los siguientes resultados:

“Se programó practicar 505 mil 75 exámenes a 116 mil 175 elementos de seguridad pública, con recursos presupuestales por 188 mil 751.0 pesos.

Se aplicaron 200 mil 495 (39.7 por ciento) exámenes a 43 mil 133 elementos (37.1 por ciento), con una erogación de 85 mil 913.6 (45.5 por ciento) pesos, y un promedio de pruebas aplicadas de 4.6 por elemento, precisaron documentos de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, según información dada a conocer por el SESNSP, en el ámbito federal la PGR y la SSP federal cuentan con centros de evaluación y control de confianza pero son insuficientes para atender a todo su personal y apoyar a las entidades federativas con sus elementos.

Según el SESNSP, dirigido por Juan Miguel Alcántara Soria, solamente los estados de Aguascalientes, Baja California y Morelos han evaluado a 50 por ciento de su personal; con un promedio superior a 10 por ciento están los estados de Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Las otras 17 entidades, entre ellas el Distrito Federal, Guerrero, México, Jalisco y Durango, que presentan un alto índice de violencia, tienen menos de 10 por ciento de su personal evaluado.