Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes de la otra campaña en el municipio de Chilón, en Chiapas, responsabilizaron al gobierno del estado, al secretario de Gobierno, Noé Castañón León, y al Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el desalojo violento de los compañeros el pasado 2 de febrero, por un grupo de priístas que el mismo secretario de Gobierno organizó con autoridades del ayuntamiento de Chilón.

Sostuvieron que la operación para despojarlos del acceso a las cascadas de Agua Azul “fue financiado por los tres niveles de gobierno, elaborando un convenio con las autoridades del municipio de Tumbalá y los oficialistas de San Sebastián Bachajón para entregar al gobierno el centro ecoturístico que ahora quedó bajo administración de la Secretaría de Hacienda del estado en base a los acuerdos firmados entre ellos.

Los ejidatarios de San Sebastián apuntan “que ese ‘acuerdo’ fue tomado en una asamblea del 3 a 5 de febrero”, para la cual se citó con dos días de antelación, cuando normalmente el costumbre es de 15 días de notificación, una convocatoria puesta en lugares visibles, y según la Ley Agraria, cuando menos con 8 días de anticipación.

En inserciones de prensa, la CEDH afirmó el día 8 que el problema es debido a la “no presencia de la otra campaña” en las mesas y negociaciones instaladas por el gobierno y que por ello no se ha resuelto el conflicto. La misma comisión acusó a los integrantes de la otra campaña, quienes realizaron un bloqueo carretero el lunes, de estar armados con machetes y palos, alterando la orden, cometiendo un delito a terceros.

Esto, replican los ejidatarios, cuando la mejor arma que portaban los manifestantes eran sus consignas y sus exigencias. Esta vez, “la estrategia del mal gobierno fue todo un logro vergonzoso, (recurriendo a) un convenio pobre en redacción que sólo fue un mecanismo para engañar a la sociedad y apoderarse de nuestras tierras y sus recursos. Por ello, lamentablemente, están presos nuestros compañeros.

Respecto a las versiones de la CEDH, los indígenas exponen: Es vergonzoso que siendo un organismo de derechos humanos ha sido una máscara para el mal gobierno, que busca esconder la verdadera intención de despojar con violencia, crueldad, odio y coraje a los que defienden su dignidad, la tierra, el territorio y su autonomía.

Ante las acusaciones, ejidatarios y ejidatarias adherentes a la otra campaña declararon este miércoles en San Cristóbal de las Casas: no nos vamos a rendir, que le quede muy claro al gobierno de Juan Sabines Guerrero que hasta que no libere a nuestros compañeros presos injustamente, vamos a seguir realizando actividades, más contundentes.

Sostienen que el suyo es un territorio autónomo y no para proyectos trasnacionales; vamos a defender nuestras tierras y sus recursos sin importar las consecuencias.

Anuncian que, como dueños legítimos de estas tierras, herencia de nuestros ancestros, suspenderán la labor que estaban realizando (el bloqueo en la carretera Ocosingo-Palenque), para buscar otras alternativas y lograr la libertad incondicional de nuestros compañeros presos políticos. Advierten que seguirán desenmascarando al mal gobierno corrupto, que mediante su ejército nos ha querido intimidar.

Concluyen que es el momento para organizarnos mejor y seguir demostrando al gobierno realmente lo que somos y por qué luchamos, y al CEDH que somos una organización pacifica que lucha por nuestras tierras, territorios y autonomía, que no nos confunda.