La Secretaría de Gobernación continuará expidiendo cédulas de identidad para menores, de acuerdo con lo previsto en su plan original, pese a críticas, sugerencias y controversia constitucional que promueven diputados para suspender ese proceso.

Incluso, no obstante el diagnóstico del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de que se deberían sacar de los datos personales al menos un registro biométrico, Gobernación integró un grupo de trabajo con el instituto, pero su intención se limita a explicar que sólo se agregan dos aspectos de esa naturaleza: el rostro y el iris, toda vez que las 10 huellas dactilares las considera parte de la anotación ordinaria.

La expedición sigue sin cambios. No tenemos dudas de la legalidad del proceso, estamos cumpliendo lo que ordena la Constitución, manifestó un funcionario de la dependencia que solicitó el anonimato.

El 25 de febrero pasado un grupo de legisladores que integran el grupo especial para analizar el tema se reunieron con el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, para proponerle que suspendiera la expedición del documento –proceso que comenzó el 24 de enero pasado–, con el propósito de analizar diversos aspectos, en particular lo relacionado con la confidencialidad en el registro y manejo de datos personales.

En Bucareli, los diputados propusieron la creación de un órgano autónomo para el registro. Incluso, no se descartó que los cambios legales servirían para dar autonomía constitucional al Registro Nacional de Población (Renapo).

Blake Mora se comprometió a analizar el planteamiento de siete puntos y a entregar una respuesta inmediata. Como ésta no llegó, los diputados llevaron el tema a la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados. Pese a la oposición del Partido Acción Nacional, el asunto trascendió.

La semana pasada se aprobó dar trámite a esa controversia constitucional, que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello luego de que el jefe del Ejecutivo sustentó sus acciones en la publicación de un decreto y no en el consenso que reclamaba el Legislativo.

Los diputados argumentan que, en los términos actuales, con la cédula se obtendrá información personal de los ciudadanos, como domicilio, firma, huellas dactilares e imagen del iris.

En cambio, Gobernación expone que el proceso, que arrancó el pasado 24 de enero en Tijuana, Baja California, y siguió en Guanajuato y Colima, cumple con los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia: Declaración Universal de los Derechos Humanos; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos del Niño, y el Programa de Intercambio para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad.

De manera que el proceso continuará en Jalisco, Nuevo León y Chiapas (para entregar en esta primera etapa cédulas a casi 7 millones de menores de edad) con el fin de dar cumplimiento –asegura la dependencia– a los artículos 36 de la Constitución y 86 y 87 de la Ley General de Población, así como al 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Renapo integra los datos contenidos en el acta de nacimiento y la clave única de población, así como los datos físicos de cada mexicano: imagen del rostro, dactilares y registro ocular.

Pese a la controversia constitucional, Gobernación asegura que el proceso seguirá y en los próximos días dará inicio en la cuarta entidad.

El plan es que a finales de 2012 se hayan entregado 25.7 millones de cédulas para menores y no descarta continuar el registro con adultos, pese a la oposición de instancias como el Instituto Federal Electoral.