El subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, aseguró que es temerario afirmar que México es un Estado fallido, pues señaló que pese a las condiciones sociales que enfrenta el país, debemos asumir que ninguna coyuntura es fácil.

Ante estudiantes de derecho de la Universidad Iberoamericana (Uia), aseguró que deberíamos preguntar a esos sociólogos de la mediocridad del presente si no incide una depresión social a la que todos somos proclives, porque no creo que hayan sido fáciles las épocas de las crisis cíclicas durante el priísmo.

Cuestionado por los alumnos sobre las acciones que el Estado mexicano emprende para garantizar una educación con calidad, en particular para los sectores sociales más marginados, como los indígenas y los menores migrantes, insistió en que se debe emprender una reforma educativa que incluya un nuevo sistema de evaluación de profesores, alumnos y autoridades; la enseñanza del inglés como segunda lengua oficial, e impulsar el trabajo de colaboración en redes, utilizando las tecnologías de la información.

Al participar en un diálogo sobre la educación básica en México, González Sánchez afirmó que el nivel de escolaridad promedio de los mexicanos es de nueve años, es decir, entre primero y segundo grados de secundaria. Por ello, consideramos que el perfil del estudiante mexicano es que tiene padres que no han concluido su secundaria, mientras en un tercio de las familias el alumno es el primero en concluir este nivel de enseñanza.

En cuanto al número de maestros comisionados, aseguró que son 75 mil trabajadores de la educación los que se encuentran en esta categoría. Explicó que hay 35 mil directores que cumplen con esta función, pero no tienen plaza y aparecen como comisionados. Tenemos 140 mil asesores técnico-pedagógicos, de los cuales 75 mil realizan actividades académicas. Hay 20 mil supervisores escolares, pero sólo 16 mil tienen plaza. Se trata de un fallo estructural del sistema que debe resolverse cuanto antes.

Por ello, aseguró que es necesario que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que se distribuye directamente en los estados para el pago de salarios de los profesores, debe separar el gasto de nómina de lo que se destina para la operación escolar. Deberíamos crear un reglamento para el uso de las economías en el FAEB, y que se destinen a educación, pero también definir en qué se usarán.

Reconoció que resolver el fallo estructural para asignar plazas a quienes realizan actividades académicas y no labores político-sindicales requiere mucho tiempo, dinero y cambios en la normatividad y los reglamentos, pero, sobre todo, consenso.