A partir del uso intensivo de la denuncia ciudadana, la protección eficaz del informante y un paquete de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar conductas contrarias a la ley, el presidente Felipe Calderón firmó sendas iniciativas de reforma para tratar de frenar la corrupción en el país.

En la Calzada de los Presidentes, de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón firmó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y la Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé sanciones hasta de 30 por ciento del valor del contrato obtenido con dádivas y cárcel para funcionarios y particulares. Hoy es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral, en el que quien ofrece dinero, dádivas o beneficios es culpable, como quien recibe ese dinero, las dádivas o los servicios, aseveró ante dirigentes empresariales y funcionarios de su gabinete.

Precisó que al combatir el cáncer social que es la corrupción, se pretende hacer de México un país de leyes y de instituciones confiables y honestas, pues cada vez que un servidor público recibe dinero para otorgar un contrato, bienes o servicios reduce la competitividad, afecta a toda la sociedad; eleva los precios de productos y servicios que adquiere el gobierno, reduce la calidad de los mismos y esos costos se trasladan a los ciudadanos, que padecen la ineficiencia del gobierno, provocada, entre otras cosas, por la corrupción.

Una sociedad que ve con normalidad los actos de corrupción, que los acepta, los solapa e incluso los promueve, es un caldo de cultivo para la delincuencia. México merece servidores públicos honestos y, también, ciudadanos honestos y empresas que actúen con total rectitud, por lo que se trata, dijo, de castigar no sólo a quien se deja corromper, sino también a quien corrompe. Si sumamos estas medidas a las sanciones de prisión e inhabilitación de los servidores públicos, contaremos con un marco mucho más efectivo para abatir la corrupción.

Se proponen además atribuciones y procedimientos simples para combatir la corrupción con eficacia en todos los ámbitos del servicio público, pues faculta a los tres poderes de la Unión, al Instituto Federal Electoral, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Banco de México, entre otras instituciones, para sustanciar y resolver las investigaciones, así como para imponer sanciones.

Mientras, la Ley de Responsabilidades Administrativas en el Sector Público busca combatir la corrupción, al hacer más sencilla y más segura para los ciudadanos la denuncia de actos de esa índole; indica con claridad bases para que los ciudadanos presenten su denuncia, define los procedimientos de protección a los denunciantes, y prevé un mecanismo de estímulos económicos y reconocimientos a quienes contribuyan a identificar, o a acreditar conductas corruptas, o contrarias a la ley.

Mejora sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos con el fin de impedir que existan incrementos inexplicables en el patrimonio de los mismos, y que, cuando se detecten, el Estado cuente con herramientas eficaces para que no quede impune esa falta.

Finalmente, otorga recompensas a los ciudadanos honestos y comprometidos que denuncien actos de corrupción.