l 19 de febrero, el diario español Público, que acompaña cotidianamente a La Jornada, comunicó que el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del contrato para hacer una vía en la Comunidad de Madrid, y ordenó restituir el lugar a su estado anterior; si bien no se podrán reponer los encinos centenarios, habrá que demoler 20 kilómetros de carretera.

Lo mismo puede ocurrirle en México o en una corte internacional a la empresa española Obrascón, Huarte y Laín, que en su propia tierra no tiene la mejor fama. Aquí en México basta con ver algunas notas de Puebla, del estado de México, y habrá que estar atentos a la Riviera maya, para saber que OHL, como se le conoce, no cumple los tiempos pactados, hace mal las obras y no paga debidamente a ejidatarios afectados. En 2007, el juez Baltasar Garzón acusó a su presidente por presunto fraude por 30 millones de euros, y en lugares como Canarias hay evidencias de que pagó campañas a cambio de contratos de obra pública.

Empresas como ésta contrastan con la visión de España que nos ha dejado la muy apreciable presencia de los exiliados españoles. Acogidos por el presidente Lázaro Cárdenas hace ya poco más de 70 años, en conjunto han dejado un legado educativo, científico y cultural de primer orden. Con ellos nos acostumbramos a diferenciar a la España invasora y depredadora de la conquista, de esta otra España que agradeció con creces al pueblo que le abrió las puertas y supo integrarse y enriquecer a México con su presencia.

Tan es así que en su libro El cartel español. Historia de la reconquista económica de México y América Latina 1898-2008, que acaba de presentarse bajo el sello de Akal, su autor, Oriol Malló, cita la siguiente definición del Diccionario de uso del español, de María Moliner: cachupín,-a Español que se establece en Hispanoamérica. gachupín (Méx) En particular, el que no procede de la última guerra civil española.

En las últimas décadas y en especial a partir de los años 80, y más precisamente del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se inició una apertura indiscriminada a empresas extranjeras que en muchos casos han dejado una triste memoria por su rapacidad y por no cumplir con las leyes y normas mexicanas, protegidas incluso por las propias autoridades del país. Empresas mineras, petroleras, generadoras de electricidad, productoras de insumos agrícolas, hoteleras y constructoras, además de bancos, han hecho su agosto dejando mínimas ganancias y en cambio muchos costos, en especial financieros y ecológicos.

OHL, en particular, ha formado un consorcio con una empresa inmobiliaria mexicana y pretende construir la supervía poniente. Esta empresa, presidida en México por José Andrés de Oteyza, ha sido especialmente favorecida por el Gobierno del Distrito Federal. Se ha evidenciado que tuvieron información privilegiada, y que se les adjudicó la obra aun cuando se presentaron a solicitar la concesión antes de las 24 horas que debieron transcurrir por ley después de hecha pública la declaratoria de necesidad.

Además, la adjudicación se les otorgó sin que mediara la evaluación técnica financiera de un tercero independiente calificado en la materia, que establece la ley. En el título de concesión firmado durante este irregular proceso, se pactó además que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (y por lo visto también las federales) se obligan a coadyuvar con la empresa concesionaria en la obtención de autorizaciones, licencias, permisos y consentimientos, incluyendo las autorizaciones en materia ambiental.

Es por ello que el Frente Amplio contra la Supervía Poniente ha entregado una carta al embajador de España, don Manuel Alabart Fernández-Cavada, solicitándole que use sus buenos oficios y cualidades diplomáticas para hacer valer los principios de respeto a la legalidad, la integridad ética y el respeto a los derechos humanos que deben privar en la relación entre los países. Principios que, por cierto, OHL menciona en su código de ética. Consideramos que si el embajador Alabart actúa en consecuencia, OHL atenderá la recomendación que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del DF y suspenderá la obra en tanto se siguen los pasos que por ley debieron darse antes de iniciarla. De otra suerte, es posible que en unos años, un tribunal declare nulo el título de concesión y ordene a la empresa la demolición de la vía. Hay que tener en cuenta que este gobierno ya se va; los demás nos quedamos con los problemas.