Una juez federal ordenó suspender provisionalmente la exhibición del documental Presunto culpable, a petición de un testigo que aparece en la cinta; sin embargo, la medida no se aplicará inmediatamente para la exhibición y publicidad, porque ello dependerá directamente de la decisión del distribuidor (Cinépolis), que tiene la opción de obedecer la decisión del juzgado o impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito.

Este miércoles, la Secretaría de Gobernación (SG) recibió la notificación de Blanca Lobo, titular del juzgado 12 de distrito en materia administrativa; no obstante, será hoy jueves cuando la dependencia transmita la información a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), responsable de autorizar la exhibición y clasificación del documental.

La decisión judicial se dio en respuesta a una demanda que presentó Víctor Manuel Reyes Bravo, quien la semana pasada se presentó ante el juzgado con el argumento de que su aparición en el documental afecta su imagen pública, su honor y sus intereses personales.

La sentencia es provisional porque el juzgado deberá desahogar diversas pruebas aportadas por el quejoso y dará derecho a los autores de Presunto culpable para que contravengan lo estipulado por el testigo, a fin de que después de un juicio de varios meses la juez Lobo determine quién tiene la razón.

Posible defensa

Es probable que los autores del documental se defiendan haciendo valer la libertad de expresión, consagrada en el artículo 6 constitucional, e incluso acudan ante otro juez para solicitar una suspensión que impida que se cumpla el ordenamiento de la juez Lobo.

Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de Gobernación, precisó que esta dependencia, por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), autorizó la exhibición y clasificación del documental y en este caso se cumplirá la orden del juez. De igual forma, dijo, vamos a defender la legalidad de las actuaciones de la autoridad.

El funcionario dijo que en el supuesto de que el distribuidor ignorara la notificación de Gobernación (y en consecuencia, la del juzgado), RTC podría comenzar, incluso, un procedimiento sancionador contra aquél.

Por la noche, la dependencia emitió un comunicado en el que afirma que cumplimentará en tiempo y forma dicha resolución judicial en el ámbito de sus atribuciones y atenderá el procedimiento judicial correspondiente para acreditar la legalidad de sus actuaciones.

El primero de febrero pasado, RTC autorizó y emitió la clasificación B –recomendada para adolescentes mayores de 12 años a la película–, cuyo estreno comercial se realizó el 18 de febrero.

En caso de que se le conceda la suspensión definitiva, agregó por otro lado Ana Laura Magaloni, productora ejecutiva de la cinta, ésta podría no proyectarse hasta que se resuelva el juicio de amparo, o sea, como seis meses.

Señaló que Reyes Bravo, quien comenzó el juicio de amparo, ni abogados tiene, por lo que consideró: “A fuerza lo está maquilando alguien con otro tipo de influencias. Está siendo utilizado”, afirmó. Recalcó que detrás de estas acciones contra Presunto culpable, hay intereses de personas a las que les conviene el sistema colapsado que se evidencia en el documental.

En tanto, Roberto Hernández, abogado y director del filme junto con Geoffrey Smith, comentó en una entrevista, en estas páginas, que Presunto culpable va a sacudir conciencias, pero también va a conmover. No sé por qué no la habían hecho antes, porque no estoy descubriendo el hilo negro. Creo que no había alguien que tuviera el valor civil, como Toño, de permitir que filmáramos su caso.

Sinopsis

En Presunto culpable se cuenta que la vida de Antonio Zúñiga, joven tianguista de Iztapalapa, de 26 años, cambió para siempre el lunes 12 de diciembre de 2005, cuando una patrulla lo levantó abruptamente, acusándolo de homicidio. Preso, Toño logró contactar a los jóvenes abogados Layda Negrete y Roberto Hernández, quienes tomaron su caso con la esperanza de ponerlo en libertad. Tras una investigación exhaustiva se dieron cuenta de que el defensor en el juicio condenatorio había litigado con una cédula profesional falsa. El descubrimiento permitió reabrir el proceso y anular la sentencia para comenzar un nuevo juicio y emprender la lucha por la libertad de su defendido.

El núcleo de la película, comentó Roberto Hernández, “es la justicia mexicana compleja y bizantina; el escenario donde ocurre es la cárcel, y trata de una lucha por recuperar la libertad de Toño, quien no se da por vencido. La cámara fue fundamental para dos cosas: registrar cómo funciona la justicia de forma objetiva; que no fuera algo que estuviéramos contando, sino que el espectador está viendo, y además funciona como herramienta de catarsis y transformación moral, porque ayuda a Toño a pasar de víctima del sistema a persona que puede defenderse de éste.

Funciona como auténtica película de horror, porque nos remite a esa pesadilla susceptible de ser padecida por todo ciudadano mexicano ajeno a las influencias, calificó el crítico Leonardo García Tsao.

Hay que recordar que familiares de Juan Carlos Reyes, el joven asesinado que se muestra en el documental, presentaron ante la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal un pedimento para que el documental no se presentara.

Con una carta enviada a esta redacción, la familia Reyes, por medio de Erika Reyes, hermana de la víctima, dijo que Presunto culpable muestra sólo una realidad parcial del caso. Además, los realizadores no cuentan con nuestro permiso sobre los derechos de imagen de nuestro familiar fallecido, así como de ninguno de nosotros, para exhibirlas.

En los primeros tres días de exhibición, la película recaudó 6.4 millones de pesos y fue vista por 128 mil personas.