El gobierno de la ciudad de México se comprometió a que a más tardar el próximo 11 de marzo emitirá un comunicado de prensa en el que reconoce el derecho de los vecinos que se oponen a la supervía poniente a defender sus garantías individuales, tal como se lo solicitó la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) en su recomendación 1/2011.

En su informe sobre el avance en el cumplimiento de los cuatro los puntos recomendatorios que aceptó, la administración capitalina se compromete también a poner en marcha, el 10 de mayo próximo, un programa integral de atención para garantizar los derechos a la salud, educación, trabajo, equidad y vivienda, no sólo de los afectados por dicha obra, sino de todos los habitantes de la delegación Magdalena Contreras.

En el documento, firmado por la consejera jurídica, Leticia Bonifaz Alfonzo, y el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, se reitera que se llevará a cabo una consulta amplia en los términos que marca la Ley de Participación Ciudadana, aunque no precisa cuándo.

En la respuesta no se mencionó el exhorto a la suspensión de la obra, punto central de la recomendación, pues según el gobierno capitalino no se hizo de manera formal.