s la primera vez que utilizo este espacio de análisis sobre temas político-religiosos para abordar un compromiso social que he asumido, que ocupa mi tiempo y mi pasión: la observación ciudadana de las elecciones en el estado de México. Por su relevancia e impacto que, sin duda, trasciende a la propia entidad mexiquense, ocuparé mi atención agradeciendo la libertad que siempre ha otorgado La Jornada a sus articulistas de opinión.

Existe en el país una atmósfera de creciente tensión política. Los principales actores políticos perfilan sus posiciones, intereses y afinidades, de cara al reacomodo político que representará 2012, que en los hechos ya se ha iniciado de manera trompicada con el arranque del proceso electoral del estado de México. Lastimosamente se percibe mayor preocupación por los nombres, los grupos, las alianzas y las rupturas que por la configuración de un proyecto de país que atienda las necesidades y reclamos sociales básicos en materia de seguridad, violencia, empleo, medio ambiente y calidad de vida.

En el estado de México se viven los efectos de la última reforma electoral de 2010, impuesta por la mayoría priísta en el Congreso y que ha fracturado la construcción de acuerdos políticos entre los principales actores. La llamada ley Peña ha tenido dos grandes efectos. A) una creciente tensión política que lleva no sólo a judicializar todas las etapas del proceso electoral, sino que abona a la polarización y la guerra sucia entre los actores. Hay una seria probabilidad de que el proceso electoral mexiquense, conforme avance, se vaya balcanizando, con severas consecuencias para la democracia en la entidad. B) Ante la falta de construcción de acuerdos, tanto el instituto electoral local (IEEM) como los tribunales electorales se convierten en una aguda arena de disputa política. Siendo los eslabones más frágiles de la cadena del sistema político mexiquense, están sujetos a presiones extremas que erosionan su legitimidad y credibilidad como instancias que den certeza y credibilidad a la contienda electoral. Igualmente grave no sólo para el estado, sino para el país.

Hay evidentes y preocupantes regresiones de los actores del sistema electoral y del deterioro de las instituciones autónomas y ciudadanas, como las electorales, tribunales y los organismos de derechos humanos. Éstos fueron fortalecidos en la década de 1990; sin embargo, han venido siendo colonizados por los intereses partidarios, imponiendo la lógica de cuotas y contrapesos que a la postre ha debilitado su función, así como deteriorado su imparcialidad en detrimento de la calidad de la democracia.

Los ciudadanos no podemos ser vistos por la clase política sólo como votantes. Este descaro pragmático sitúa a la ciudadanía como espectadora pasiva. El ciudadano se convierte en mercado, cuyo voto es el desafío a conquistar. Importa más que nutra las urnas que lo que piensa, sueña y anhela. Frente a ello, diferentes redes ciudadanas han decido crear una iniciativa novedosa llamada Dictamen ciudadano de vigilancia electoral estado de México 2011. Es una iniciativa social, que suma diversos intereses de organizaciones y ciudadanos sin fines partidistas, ni protagonismos que no sean posicionar lo ciudadano en la agenda pública. Dichas redes son representativas de la diversidad de la sociedad: iglesias, empresarios, ambientalistas, grupos feministas, de defensa de los derechos humanos, redes cívicas, etcétera. Dictamen ciudadano es un conglomerado de vocaciones sociales que se reconocen incluyentes, no lucrativas, plurales y que no tienen preferencia política por candidato alguno. Se pretende consolidar los valores democráticos mediante un ejercicio de vigilancia y seguimiento electoral ciudadano del proceso para elegir gobernador en la entidad mexiquense. No se trata sólo de criticar o deconstruir; se trata también de aportar y cada red organizará foros donde pondrá de relieve su agenda, visiones y aportes.

Se han sumado también destacados intelectuales, académicos, periodistas, líderes de opinión y ex consejeros electorales. La observación se centrará en cuatro grandes campos de intervención que son básicos para garantizar una elección equitativa y higiénica: en primer lugar, el destino de los dineros, dar seguimiento especialmente a los recursos de los diferentes órganos de gobierno (municipal, estatal y federal); en segundo lugar observaremos el comportamiento de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, y detectar no sólo inequidad en el tratamiento de las campañas, sino la ejecución de convenios mediáticos pactados en una especie de mercado negro a todas luces ilegal, conforme a las reglas vigentes. En tercer lugar, Dictamen ciudadano vigilará la calidad jurídica y apego a la legalidad que adopten los órganos electorales. Las resoluciones, los acuerdos, los dictámenes serán analizados por especialistas. Y finalmente la vigilancia sobre terreno de la operación y puesta en los 45 diferentes distritos a través de más de 200 ciudadanos voluntarios que ahora se están capacitando.

Se trata de coincidir en un objetivo: no dejar solos a los políticos en un proceso electoral. Hacer sentir la presencia ciudadana, que va más allá de ser mirones o contempladores pasivos de un proceso.

Tenemos un primerísimo esbozo de una página web en construcción www.votolimpio.org. Si quieres sumarte eres bienvenido.