El bombardeo de la aviación colombiana contra un campamento guerrillero en territorio de Ecuador, el primero de marzo de 2008, en el que resultaron muertos cuatro estudiantes mexicanos, fue un acto de terrorismo de Estado y un crimen de lesa humanidad aún sin castigar.

De esta forma se expresaron los participantes en un foro de análisis de dicho suceso, que se realizó la tarde de ayer en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estuvo presente el articulista de La Jornada Carlos Fazio.

Álvaro González, padre de Juan González del Castillo, uno de los jóvenes muertos en dicho ataque, leyó un documento en el que los padres de las víctimas aseguran tener los elementos para comprobar que este suceso fue un crimen de lesa humanidad donde no se respetó la vida de civiles inocentes.

El bombardeo, señaló, probablemente fue realizado por aeronaves de Estados Unidos y no de Colombia, por las características del armamento utilizado ahí. Eso, entre otros factores, sería suficiente para llevar a las autoridades del país sudamericano ante una corte internacional y juzgarlas por crímenes de guerra.

Este tipo de delitos, subrayó, se persiguen de oficio, e involucran a gobernantes y funcionarios de Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos, país este último que habría garantizado la impunidad del ataque.

González señaló al ex presidente colombiano Álvaro Uribe y a su sucesor, Juan Manuel Santos, como los responsables del crimen, y lamentó que México no le haya brindado todo su apoyo a la única sobreviviente del ataque, Lucía Morett, quien actualmente se encuentra escondida por la orden de captura girada en su contra por la Interpol.

Por su parte, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, alertó que en México se están reproduciendo prácticas violentas que ocurren en Colombia, como el desplazamiento de civiles para darle sus tierras a empresas trasnacionales, la creación de grupos paramilitares y la presentación de ciudadanos como supuestos criminales.

Se trata, dijo, de crear un imaginario social que justifique los ataques contra los derechos humanos, y genere la cubierta necesaria para hostigar a los movimientos sociales, a cuyos miembros se ubica como el enemigo interno al que hay que exterminar.

El activista recordó a Soren Avilés, Verónica Velázquez, Fernando Franco y Juan González como seres humanos sensibles, con preocupaciones y anhelos, que en su camino se enfrentaron con un Estado terrorista que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere, y llamó a transformar la indignación en ganas de seguir luchando.