En la ciudad de México existen 341 estaciones de servicio, dedicadas a la venta de gas LP, gasolina y diesel, cifra que rebasa en 36 el número máximo de establecimientos de este tipo que debe haber, según marca el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo del Distrito Federal.

Lo anterior se señala en la recomendación 1/2011 de la Procuraduría Ambiental y del Reordenamiento Territorial (Paot), en la que se especifica que en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez hay el más del doble de estaciones de servicio de las permitidas, pues cuentan con 47 y 40, respectivamente, cuando como máximo en la primera debe haber 16 y en la segunda 13.

Junto con estas dos demarcaciones, Azcapotzalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza también rebasan el número de establecimientos de este tipo que, según el artículo 63 de la norma referida, no debe exceder de una por cada dos kilómetros cuadrados.

Por otra parte, las delegaciones Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Xochimilco, están cerca de rebasar la densidad (capacidad de carga) de estaciones de servicio permitida en suelo urbano.

Por este motivo, la Paot recomendó a los titulares de las primeras seis demarcaciones no otorgar más manifestaciones de construcción y demás autorizaciones para la operación de este tipo de establecimientos, pues ya han superado el número permitido, al tiempo que hace un llamado al resto de los jefes delegacionales a no rebasar la capacidad de carga de sus territorios.

Asimismo, la Procuraduría Ambiental pidió al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) comenzar los procedimientos administrativos correspondientes contra 12 establecimientos que presuntamente operan sin autorizaciones y violan la normatividad ambiental.

De esta manera, ayer se inició una serie de operativos para verificar dichas estaciones de servicio, y se determinó la suspensión de labores de la estación de carburación Gas Express Nieto, ubicada en la calle Ferrocarril Industrial, colonia Moctezuma, delegación Venustiano Carranza, por violar el uso de suelo y no contar con el permiso ambiental.

Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una averiguación previa por el delito ambiental de actividades riesgosas, toda vez que en el lugar –que ya había sido clausurado en otras ocasiones– se detectaron diversas irregularidades en las medidas de seguridad, que si bien no significan un riesgo inminente de explosión, sí implican la posibilidad de un accidente de este tipo, explicó el fiscal de delitos ambientales de la dependencia, Samuel Ibarra Vargas.

Peritos de la procuraduría, así como personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, certificaron que de las dos bombas surtidoras, una no tiene conexión a tierra física y que un tanque de 5 mil litros de gas LP mostraba en el medidor 92 por ciento de presión, 7 por ciento más de lo permitido, lo que podría generar una explosión que afectaría sobre todo una subestación eléctrica de la línea B del Metro.