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Las detenciones se hicieron con engaños y amenazas, afirman

Alegan inocencia indígenas de Chiapas presos por homicidio

Aseveran que un grupo priísta era el que portaba armas de fuego

Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 13 de febrero de 2011, p. 19

San Cristóbal de las Casas, Chis. 12 de febrero. En contradicción con la versión oficial que les atribuye un homicidio y otros presuntos delitos, los 10 indígenas adherentes de la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón, actualmente presos en la cárcel de Playas de Catazajá, aseguran ser inocentes. En ese mismo sentido se manifestó la asamblea de ejidatarios de San Sebastián, que el jueves 10 instaló un plantón de denuncia en el crucero a las cascadas de Agua Azul, sosteniendo que los presos son rehenes del gobierno del estado para obligarlos a aceptar el diálogo.

Según la asamblea de ejidatarios tzeltales, “los que portaban sus armas de fuego eran del grupo de priístas, con Carmen Aguilar Gómez y su hijo, y sus compañeros, donde estaban disparando contra nosotros, y (ellos) manifiestan que hubo muerto y lesionados, echándoles la culpa a los compañeros de la otra campaña”.

En los hechos, ocurridos el pasado día 3, efectivamente perdió la vida Marcos Moreno García, del grupo priísta que había tomado por la fuerza el día anterior la caseta de cobro de acceso a las cascadas. Poco después fueron detenidos por la policía 117 ejidatarios de la otra campaña, con una mezcla de amenazas y engaños. Estos niegan haber dado muerte (ni disparando, ni de otra manera) a Moreno García. Y denuncian haber sido torturados.

Desde finales de enero los ejidatarios denunciaron amenazas del grupo priísta (minoritario y sin representación legítima), de que tomaría la caseta de peaje que el ejido administra desde 2008, y que ya había sido causa de conflictos y represiones policiacas. La amenaza se cumplió el 2 de febrero. Al otro día, los ejidatarios de la otra campaña se propusieron recuperar el lugar, y fueron enfrentados por los invasores, quienes como en otras ocasiones contaban con el respaldo de policías municipales y estatales.

Desde el Cereso 17, en Catazajá, los indígenas ya formalmente presos sostienen que el causante de la violencia fue el grupo del según comisariado oficial Francisco Guzmán Jiménez (Goyito), y sus componentes fueron los que bloquearon el paso. Cabe mencionar que este grupo, oficialista, sirve de punta de lanza para el proyecto ecoturístico privado Visión 2030, que incluye el balneario del ejido Agua Azul y terrenos de San Sebastián.

Refieren que el día 3 los ejidatarios de la otra campaña se reunieron cerca del crucero: Los grupos partidistas habían tumbado árboles con tal que no pudiéramos cruzar para rescatar a la caseta de cobro. Horas después fuimos rodeados de cientos elemento policiacos, de ahí nos preguntaron que si queríamos dialogar sobre la caseta y los ejidatarios dijeron que no.

Los mandos policiacos determinaron “que si no queríamos dialogar que era mejor llevarnos a un ‘lugar seguro’”. Así, los indígenas fueron obligados “a hacer una sola fila y mientras los ‘azules’ hicieron una valla para hacerlos subir uno por uno en dos autobuses, en uno subieron 58 ejidatarios y en el otro 59, tratándonos como si fuéramos animales fuimos trasladados a Palenque, a la colonia Pakalná”. Allí fueron torturados los que no entendía el castellano.

Hoy siguen presos Mariano Demeza Silvano (menor de edad), Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro García Álvaro, Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez y Miguel Álvaro Deara.

Estos fueron trasladados a la Fiscalía Distrito Selva a dar sus declaraciones, al igual que el resto de los detenidos iniciales, pero como nos vieron que sabemos un poco leer y escribir, los Ministerios Públicos al último nos insistieron en una de las preguntas que nos hizo pasándonos una hoja y un bolígrafo, que escribiéramos el nombre del culpable de los hechos ocurridos el 2 de febrero, y uno de nosotros le contestó que desconoce porque estábamos comisionados en esa fecha (y por lo tanto, algunos de los procesados ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos).

Jerónimo Guzmán Méndez, uno de los últimos en declarar, al igual que otros compañeros suyos, no contó con un adecuado traductor de ley y le fueron impuestas declaraciones falsas sin posibilidad de desmentirlas, en un escrito que le medio leyeron, y era otras cosas, echándole la culpa a todo lo sucedido, y también le pusieron no saber hablar (castellano) ni escribir, con tal de echarle el cargo. Los ejidatarios concluyen definiéndose presos políticos en defensa de nuestras tierras.