Saltillo, Coah., 11 de febrero. Después de dos accidentes en seis meses, en los que murieron cuatro trabajadores; además de diversas irregularidades en las instalaciones, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) colocó sellos de clausura en el acceso de la mina de carbón Lulú, ubicada en el municipio de Escobedo.

En un comunicado, la dependencia informó que la diligencia se realizó el jueves por la tarde y estuvo a cargo del delegado de la STPS en la entidad, Manuel de Jesús Hernández Rocha.

El pasado 2 de febrero, un derrumbe provocó la muerte de dos trabajadores, y un día después la dependencia tomó la decisión de clausurar la mina, para lo cual solicitó a la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía la cancelación del permiso que la Compañía Minera Siderúrgica de Coahuila SA tiene para explotar la veta Lulú.

Lo anterior, agregó la STPS, “toda vez que el incumplimiento a las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud se traduce también en un incumplimiento a las obligaciones que tiene como concesionaria.

La autoridad laboral puso a disposición del Ministerio Público local las constancias de actuaciones y resoluciones que ha efectuado en este caso para que en el ámbito de sus atribuciones determine la existencia de delitos y en su caso ejercite acción penal contra los presuntos responsables, concluyó.

El accidente en el que perecieron Juan Manuel Gómez Gaytán y Daniel Vaquera Contreras no ha sido el único, pues el 6 de agosto de 2009, también fallecieron sepultados Alfredo Ríos Ramírez y Alfredo Soto Torres.

La concesión está a cargo de la Compañía Minera Siderúrgica de Coahuila Sociedad Anónima, propiedad de Salvador Kamar Apud, quien también es dueño de gasolinerías, constructoras, distribuidoras automóviles y de medios de comunicación.

Sobre el cierre de la mina Lulú la organización Familia Pasta de Conchos, que agrupa tanto a los deudos de los 65 mineros fallecidos en febrero de 2006, como a trabajadores de socavones subterráneas y tiros verticales (conocidos como pocitos), además de defensores de derechos humanos y laborales, señaló que forma parte del permanente desafío de muchas empresas extractoras de carbón en la entidad que ignoran sistemáticamente a las autoridades a costa de la vida de los mineros del carbón y del enorme sufrimiento y daño que provocan en sus familias.

Refirió haber documentado diversas irregularidades en la cantera, tales como que en enero pasado se lesionó gravemente un trabajador que continúo laborando sin que se informara a las autoridades; al no tener emparrilladas las paredes de la mina y debido a la presencia de mucha humedad se desprendió la pared que sepultó a los dos mineros.

Asimismo, la empresa no tenía extinguidores, ni sistema contra incendio, ni escalera para los trabajadores, ni salida de emergencia. A los trabajadores se les tiene registrados en el Seguro Social con un salario que cubre menos de la mitad de lo que realmente ganan. La diferencia se las paga la empresa en efectivo, sin comprobantes, sostuvo.