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Estado de México

La sobreexplotación de los recursos naturales
en Texcoco

Mayra Nieves Guevara

Históricamente el municipio de Texcoco ha mantenido una relación ininterrumpida de intercambio político, comercial, cultural, social y ambiental con la actual metrópoli que se conforma alrededor de la Ciudad de México. Los recursos naturales (bosque, agua, flora, fauna y suelo) constituyen un elemento central de esta relación y han sufrido detrimento en la medida en que el crecimiento urbano se ha acentuado, en particular a partir del desarrollo industrial promovido desde mediados del siglo pasado.

En los 20 años recientes el principal cambio que se observa en la región oriente del Estado de México es el crecimiento urbano desordenado, que ha ejercido una fuerte presión sobre los recursos naturales. Este fenómeno ha sido particularmente visible en los municipios de Chimalhuacán, Netzahualcóyotl, Chicoloapan, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Ayotla e Ixtapaluca, los cuales rodean al municipio de Texcoco. La construcción de unidades habitacionales por parte de inmobiliarias como Ara Geo, Beta y Hir, entre otras, ha atraído una gran cantidad de población, sobre todo del Distrito Federal, lo que ha implicado no sólo la desaparición de terrenos agrícolas y la generación de mayores servicios sino también más basura, que en el municipio alcanza las 150 toneladas diarias, y un acelerado deterioro ambiental.

A esta degradación también contribuye la construcción de grandes redes carreteras y centros comerciales como Wal Mart o Sam’s Club en Puerta Texcoco y Gran Patio, lo cual además ha modificado el paisaje rural y trastocado las relaciones comerciales, sociales y culturales.

La situación se agudiza ante el creciente agotamiento del agua, como lo afirma la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM): en el Valle de México se registra una sobreexplotación de los mantos acuíferos del 200 por ciento, mientras que en Texcoco es de 858 por ciento. De cada mil litros de agua que se extraen de los acuíferos del Valle de México, sólo se recarga el ocho por ciento en los casos de mayor sobreexplotación (CAEM, 2003). Ante este hecho, los efectos esperados son el aumento de los costos de extracción, así como el surgimiento de nuevos conflictos por la apropiación del recurso tanto a nivel municipal como regional, cuestión que ya se ha presentado en algunas comunidades al definir la posesión y el usufructo de pozos y manantiales y al definir las condiciones de concesión y distribución. Lo mismo sucede cuando el cambio de actividades productivas que requieren mayor consumo de agua –como la engorda de ganado, la floricultura y la producción de hortalizas bajo invernadero–, genera conflictos entre los productores y el resto de la población. El problema también surge entre las comunidades y la cabecera municipal para garantizar su abastecimiento, por lo que a mediano plazo puede desatarse una tensión mayor debido a la extracción de agua que, mediante pozos profundos, realizan las compañías inmobiliarias en la zona baja de la cuenca.

Igual de complejo resulta el problema de la sobreexplotación de los recursos forestales, ya que los diversos programas de reforestación no han logrado revertir el daño a la masa forestal, con las consecuentes pérdidas de suelo por erosión y abatimiento de los manantiales de la zona serrana. La tala clandestina del bosque, el sobrepastoreo, las plagas y enfermedades, así como los incendios forestales son los principales problemas que enfrentan las comunidades de la zona serrana, y aunque se ha tratado de revertir la situación mediante programas de manejo y conservación, lo cierto es que se ha generado una mayor sobreexplotación de los recursos, pues debido a los convenios que con apoyo del gobierno establecen las empresas madereras con las comunidades, se ha realizado una tala indiscriminada de árboles e incluso se han presentado casos de soborno que encubren la tala clandestina.

La minería es otro ejemplo de la fuerte presión que se ejerce sobre los recursos naturales. Llama la atención que el ciento por ciento del valor agregado de la minería sea aportado por el municipio de Texcoco, no sólo por la importancia económica y laboral que representa, sino por los costos ambientales que la actividad conlleva. Se trata, por un lado, de la explotación de arena y grava por parte de grandes empresas cementeras dedicadas a la construcción, así como de empresas inmobiliarias nacionales y extranjeras, que si bien ofrecen empleo y recursos económicos a algunos habitantes de la región, obtienen beneficios superiores a los costos de extracción. Por otro lado, las áreas de explotación minera a cielo abierto que se localizan en la zona a pie de monte del municipio se han convertido en un problema ecológico, pues generan fuertes tolvaneras. Así, además de la transformación del paisaje que se puede observar a lo largo y ancho de la zona intermontana, principalmente de los municipios de Texcoco y Tepetlaoxtoc, preocupa el hecho de que se esté contemplando la posibilidad de crear rellenos sanitarios, lo que vendría a incrementar los problemas de contaminación, sobre todo, de los mantos freáticos.

El deterioro y agotamiento de los recursos naturales va más allá de lo evidente y observable, pues no sólo es consecuencia del acelerado y anárquico crecimiento urbano, promovido por las empresas inmobiliarias, cementeras y de servicios, amparadas y apoyadas por el Estado y sus diferentes niveles de gobierno. La sobreexplotación de los recursos naturales es expresión de las nuevas formas de acumulación del capital que sólo buscan responder a los intereses de pequeños grupos de poder a costa de la sustentabilidad social, cultural y ambiental.

Estado de México

FOTO: Jesús Villaseca / La Jornada

Insistencia gubernamental para adueñarse de los terrenos de Atenco

Mayra Irasema Terrones Medina

En noviembre pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se rehusó a dar información sobre la compra de terrenos en los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán ya que, argumentó, los conflictos en la región, principalmente con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), ponen en riesgo la seguridad nacional. Dijo que podría haber sabotajes a los proyectos de esta Comisión.

De esta situación se desprende una serie de cuestionamientos que van más allá de la transparencia.

El primero y más importante tiene que ver con las razones por las cuales se generaron los conflictos citados por la Conagua a principios de la década. Recordemos que esta zona había sido expropiada para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México durante el sexenio de Vicente Fox y que los pobladores lograron la derogación del decreto expropiatorio en 2002. En su momento se plantearon argumentos en contra del proyecto, que contrastan con las razones por las que hoy en día se pretende impulsar el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico del Lago de Texcoco (ZMRE).

En 2001 el gobierno federal hizo oídos sordos a las críticas en torno al impacto ecológico y urbano que generaría la construcción del aeropuerto en la zona del Lago de Texcoco y prefirió la confrontación con los habitantes de la región al diálogo. Hoy el proyecto de la Conagua para esta región es completamente diferente al decretado en el 2001 pero mantiene las mismas características de falta de transparencia y diálogo con las comunidades implicadas.

Desde 2008 la Conagua desarrolla el proyecto de ZMRE en los ejidos de Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, San Salvador Atenco, Ampliación de San Bernardino, Chimalhuacán y Huexotla en el Estado de México. A decir de la Conagua, el proyecto en los terrenos aledaños a la zona del Lago de Texcoco consiste en conformar una zona de mitigación de tres mil 200 hectáreas en un polígono al oriente de la zona federal del lago de Texcoco y del Parque Gerardo Cruickshank, que contendrá los suelos más vulnerables a la erosión eólica.

La introducción del proyecto de ZMRE parte de una serie de reflexiones de la Conagua respecto al crecimiento urbano desordenado y la falta de control por parte de las autoridades correspondientes, reflexión ausente en el año 2001, y asume como antecedente principal el Programa de Rescate Hidroecológico del Lago de Texcoco de 1971, proyecto ignorado por Vicente Fox. Estas contradicciones han generado cuestionamientos al proyecto de ZMRE, principalmente por las comunidades que a principios de la década defendieron su tierra frente al proyecto del aeropuerto.

De acuerdo con la información disponible, la ZMRE será desarrollada con cinco mil 775 millones de pesos, que serían desembolsados entre 2008 y 2010. Los principales rubros de tal presupuesto son: conformación del polígono de mitigación (cinco mil millones de pesos), obras viales (141 millones 519 mil pesos) y construcción de sistemas de riego (196 millones). Destaca que más del 85 por ciento del recurso está destinado a la adquisición de tierras para la conformación de la zona de mitigación, proceso que incluye el cambio de régimen de la propiedad ejidal de las comunidades aledañas a propiedad privada, calculando el costo por metro cuadrado de tierra en 200 pesos.

El costo anual de operación del proyecto es de 70 mil 130 millones de pesos, y se financiará al cien por ciento con recursos federales establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y su ejecución estará a cargo de la Conagua. Cabe mencionar que de las opciones que el proyecto tuvo para elegir, prefirió la de mayor costo tanto en inversión como en mantenimiento.

Frente a estos elementos podemos observar la falta de congruencia en los proyectos que se han destinado para esta región. ¿Por qué, si existía desde 1971 un programa de rescate del Lago de Texcoco, se ha permitido el crecimiento sin planeación de la zona conurbada y del mismo Distrito Federal hacia esa región?, ¿cómo fue que, a pesar del crecimiento desordenado y del incumplimiento del programa de rescate ecológico, el gobierno federal se plantó la construcción del nuevo aeropuerto en esa zona?

FOTO: María Luisa Severiano / La Jornada

Si el proyecto del aeropuerto generó grandes conflictos por la falta de diálogo y transparencia, ¿por qué hoy día se mantienen el hermetismo y las descalificaciones hacia los pobladores de esta zona? Representantes de la Conagua se han dedicado durante los tres años recientes a recorrer los comisariados ejidales que se inscriben en la zona, planteando la necesidad de cambiar el régimen de propiedad para implementar un proyecto de conservación ecológica, dando prioridad a los trámites para la privatización de estas tierras más que al mismo proyecto. ¿Por qué no poner el acento en el desarrollo urbano desordenado y en la forma irracional con la que se han sobreexplotado durante décadas los acuíferos en el Valle de México, en particular el de Texcoco?

Si las tolvaneras, o lo que la Conagua llama erosión eólica, son el principal problema que se mantiene en esta zona, se tendría que pensar en un proyecto que contemplara a los habitantes de esta región y el diálogo con ellos. Y no concebir a estas personas como sujetos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional. Se tendría que pensar en un proyecto que considerara también la naturaleza de la propiedad que está inscrita en este territorio, es decir la social, comunitaria.

En este sentido y como ciudadana de este país, me atrevo a hacer más cuestionamientos: ¿quién nos garantizará que en algunos años este proyecto no va a fracasar al igual que el de 1971 (deduciéndolo de la justificación que el mismo proyecto de la ZMRE retoma) y lejos de convertirse en una zona de mitigación de rescate ecológico, los terrenos, ya con el cambio de propiedad social a privada, serán utilizados para la construcción de desarrollos habitacionales o incluso para el aeropuerto, tomando en cuenta que más de 80 por ciento del presupuesto está destinado a la compra de tierras, construcción de vialidades y electrificación? ¿Qué impactos sociales, económicos, ecológicos y políticos tendremos que sortear a mediano plazo, si permitimos que se sigan generando políticas públicas poco transparentes y claras para la ciudadanía? ¿Quiénes son en realidad los interesados en privatizar este territorio libre aún de la urbanización desordenada que los mismos gobiernos han reconocido?