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Juan N. Silva Meza dio a conocer restructuración administrativa

Aplaza la Corte la resolución de una controversia entre Tulum y el Ejecutivo
 
Periódico La Jornada
Martes 11 de enero de 2011, p. 12

La integración incompleta del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impidió ayer que se resolviera una controversia constitucional entre el municipio de Tulum y el Ejecutivo federal, tras un empate a cinco votos.

En tanto, el ministro presidente de la Corte, Juan N. Silva Meza, dio a conocer la restructuración administrativa del máximo tribunal, medida que busca eliminar duplicidades o atomización de funciones, así como adecuar la estructura orgánica para que permanezcan los niveles jerárquicos estrictamente necesarios.

En su primer acuerdo administrativo, Silva Meza suprimió de la estructura de la Corte la secretaría general de la presidencia y cuatro secretarías ejecutivas: jurídico administrativa, de asuntos jurídicos, de administración y de servicios.

Además, se reorganizarán las funciones de la secretaría general de acuerdos, la oficialía mayor, la secretaría de la presidencia y la contraloría.

La disposición no prevé el despido de personal de base de la Corte, únicamente su readscripción a otros puestos, sin menoscabo de los derechos laborales.

Por otra parte, ante la falta de acuerdo, los ministros decidieron aplazar la controversia constitucional entre el municipio de Tulum y el Ejecutivo federal, en espera de lograr un acuerdo que permita destrabar el asunto.

Esta fue la primera vez desde la muerte de José de Jesús Gudiño Pelayo –en septiembre pasado– en que el pleno no resuelve un asunto por encontrarse incompleto. En la primera sala, de la que formaba parte Gudiño, suman más de 17 los casos aplazados porque ha habido empate en las votaciones entre los cuatro ministros integrantes.

En una primera votación, hubo un empate sobre la aprobación o rechazo del dictamen elaborado por Sergio Valls en la controversia donde la Federación impugnó el plan de desarrollo urbano del municipio de Tulum, por considerar que la alcaldía pretende intervenir en forma indebida en la regulación de la zona arqueológica y en el área protegida que la rodea.

Para destrabar el asunto, el ministro presidente cambió su voto, con lo que se desechó el proyecto de dictamen, a efecto de que Valls elaborara un nuevo documento.