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Persigue a ex alcaldes de oposición y encubre a priístas, asegura

PRD: gobierno de Hidalgo usa auditorías como arma política
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 16 de diciembre de 2010, p. 33

Pachuca, Hgo., 15 de diciembre. El gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong usa a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) como brazo político para golpear a la oposición, ya que enjuicia y encarcela a alcaldes y ex alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y pasa por alto los fraudes cometidos por los del Revolucionario Institucional (PRI), aseguró Pedro Porras Pérez, dirigente estatal perredista.

El martes la ASEH emitió un comunicado en el cual informó de denuncias penales contra ocho ex funcionarios acusados de acciones u omisiones fiscales por un total de 36 millones de pesos. Cuatro son ex alcaldes perredistas: Víctor Cardoso Camargo (de San Salvador), Doroteo García Tolentino (San Bartolo Tutotepec), José Manuel Zúñiga Guerrero (Ixmiquilpan) y Marco Antonio Ramos Moguel (Huejutla de Reyes).

El PRD mencionó que no es la primera vez que el gobierno estatal persigue a funcionarios surgidos de la oposición; en menos de seis años, agregó, los ex alcaldes perredistas de Huazalingo y San Agustín Tlaxica han sido enviados a prisión.

Hemos dicho al gobernador y al propio auditor superior del estado que el PRD no meterá las manos si existen elementos de peso para juzgar a servidores públicos perredistas, pero estamos viendo que la auditoría funciona como brazo político para castigar a la oposición y encubrir a los alcaldes priístas, manifestó Porras Pérez.

Agregó que mientras perredistas son enjuiciados por detalles como la ilegibilidad de una firma o falta de una copia de la credencial de elector, se pasa por alto el fraude por 20 millones de pesos cometido por el ex alcalde priísta de Tula, Juan Manuel Cárdenas Oviedo, caso del que está enterado el Congreso del estado.

Porras mencionó también al ex alcalde de Pachuca y actual presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Fayad Meneses, quien fue obligado a devolver a la Federación recursos cuya aplicación no comprobó.

Otro caso, dijo, es el del ex alcalde de Tulancingo, Ricardo Bravo Delgadillo, quien a pesar de no haber aclarado el uso de fondos fue nombrado director de la Corporación Internacional Hidalgo.