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David Cameron advierte que actuará con toda la dureza de la ley contra agitadores

Unión de estudiantes se deslinda de violencia durante marcha en Londres

Los 50 detenidos ya están libres

El premier afirma que se mantiene el alza a colegiaturas

El gobierno británico anuncia la restructura de la asistencia social; se pierden muchos beneficios

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Autoridades británicas estiman en decenas de miles de libras los daños a la sede del Partido ConservadorFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 24

Londres, 11 de noviembre. La dirigencia de la Unión Nacional de Estudiantes reiteró este jueves su distanciamiento de los manifestantes que destruyeron ventanas, incendiaron y tomaron, el miércoles, la torre Millbank, que alberga los cuarteles del Partido Conservador, del primer ministro David Cameron, quien condenó la violencia y anunció que actuará contra los agitadores con toda la dureza de la ley.

En este contexto, el gobierno británico anunció un plan para restructurar su sistema de asistencia social, con la promesa de promover que los desempleados vuelvan al trabajo y la advertencia de que los que hayan abusado del seguro de cesantía enfrentarán duras sanciones.

Contra una protesta pacífica no se debe hacer nada, explicó Cameron, pero la violencia y la ruptura de la ley no pueden quedar impunes, sostuvo.

Durante la protesta un policía casi muere cuando uno de los manifestantes arrojó un extinguidor desde la azotea de la sede del Partido Conservador. El artefacto impactó en la nuca del uniformado, protegido con su casco, informaron fuentes de la fuerza de seguridad.

Miembros de la policía metropolitana pidieron que el autor de la agresión sea acusado de intento de homicidio. Agregaron que no tardarán en identificarlo.

Minoría participa en disturbios

Unas 50 mil personas se manifestaron el miércoles contra los planes del gobierno de aumentar en forma drástica las cuotas universitarias. Sólo una minoría de los estudiantes se involucró en los disturbios, según las autoridades, que confirmaron así las declaraciones de la Unión Nacional de Estudiantes que hoy insistió en que ellos organizaron una movilización pacífica de la que después se separaron los grupos que atacaron la sede del Partido Conservador.

Cincuenta personas fueron detenidas tras cuatro horas de disturbios, aunque todas recuperaron ya la libertad. Los daños materiales están valorados en decenas de miles de libras.

El primer ministro conservador dijo que no se apartará de sus planes de aumentar las tasas universitarias a 9 mil libras (unos 14 mil 500 dólares) por año.

Durante la manifestación unos 2 mil estudiantes se separaron y formaron un grupo que se reunió luego frente a la sede del Partido Conservador en el distrito londinense de Westminster, explicó ante el Parlamento Nick Herbert, secretario de Estado de Policía. Los estudiantes rompieron vidrios, tomaron el edificio y atacaron a policías.

Desde un principio este núcleo duro tenía intención de usar la fuerza, indicó Herbert. El político defendió el trabajo de la policía, pero admitió que hubo estimaciones falsas. Para escoltar a los manifestantes sólo se dispuso de 225 uniformados. Cuando la situación se agudizó se enviaron otros tantos como refuerzo. El cálculo fue claramente erróneo, reconoció Herbert. La opinión pública criticó que la policía no había actuado con suficiente decisión contra los manifestantes violentos.

Ed Balls, vocero para política interior del opositor Partido Laborista, describió los sucesos como absolutamente inaceptables.

Clare Solomon, presidente de la asociación de estudiantes de la Universidad de Londres, espera protestas similares en los próximos meses.

En este contexto el gobierno dio a conocer los detalles de su proyecto para restructurar el sistema de asistencia social. Los planes buscan simplificar una compleja telaraña de beneficios para evitar errores, fraudes e ineficiencias, y mejorar la situación de la gente con trabajo mediante una reducción en sus contribuciones al sistema.

La iniciativa remplazará beneficios que actualmente se manejan por separado, como ayuda para la vivienda, apoyo a los ingresos o subsidio de incapacidad, con un sistema de crédito universal por medio del cual los individuos recibirán un pago único de ayuda social.

El mensaje es claro. Si uno puede trabajar, ya no será opción tener beneficios de por vida, afirmó Cameron, quien participa en Seúl de la cumbre de líderes mundiales del G-20.

No puede existir una situación en la cual, si alguien sale de su cama, va y trabaja duro, termine peor que si no lo hiciera, agregó.

Los ministros británicos sostienen que el sistema actual a menudo desincentiva a los desempleados a volver a trabajar, dado que podrían quedar en peor situación tras perder muchos de sus beneficios estatales.

Muy a menudo, con las actuales reglas, el trabajo no paga, dijo el viceprimer ministro Nick Clegg.

El secretario de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, estima que con estas medidas mejore la situación de unos 700 mil trabajadores de bajos ingresos.

El plan arrancará en 2012-13 y será aplicado en los cinco años siguientes.

El nuevo sistema también contempla sanciones más duras.

Cualquier persona con beneficios que rechace un empleo, no busque trabajo o no complete cuatro semanas de trabajo comunitario, perderá inicialmente un beneficio de 65 libras por semana durante tres meses. Si recae, quedará excluido seis meses, y si lo hace por tercera vez, tres años.

Cerca de millón y medio de desempleados han recibido beneficios nueve de los últimos 10 años.

Con esto también se quiere impedir el fraude fiscal, pues los desempleados bajo pensión están exentos de sus obligaciones tributarias.

También resultarán afectados los padres solteros que gozaban de licencias prolongadas tras el nacimiento de sus hijos, pues este tiempo que se les permitía antes de volver al trabajo se redujo a un año, cuando con la anterior ley podía prolongarse hasta cinco.

Asimismo, observadores calculan que los recortes redundarán en la pérdida de 27 mil empleos de enfermería, debido a que se reducirán los servicios de salud pública, según el programa de la gobernante coalición conservadora-liberal demócrata.