El trabajo infantil es un fenómeno que afecta a tres millones de menores de edad en México, cuyos efectos han sido invisibilizados deliberadamente por las autoridades con la complicidad tácita que les brinda la indiferencia de la sociedad.

Así lo advirtieron los ponentes del segundo congreso nacional Erradicar la explotación infantil: derechos de niñas, niños y adolescentes, que culmina hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Samuel Salinas Álvarez, consultor independiente sobre temas laborales, afirmó que el gobierno ha incurrido a propósito en omisiones para dejar fuera del debate el trabajo infantil.

Al aprovechar la falta de asombro e indignación de la mayoría de la gente, que ve natural que los niños trabajen o vivan en las calles, las autoridades se han desentendido de un problema cuya solución es muy compleja.

Por su parte, Josefina Menéndez Carbajal, directora general de la organización Save the children México, indicó que en el país hay una gran cantidad de sectores con mano de obra infantil, entre ellos el comercio informal y el servicio doméstico.

Existen muchos otros sectores de carácter ilegal en los que también explotan a infantes y adolescentes, como la venta de droga o el sexoservicio, lo que lleva a México a figurar en la lista de los 10 países latinoamericanos con más menores trabajando.

Óscar Battistón, director de programas sociales para la infancia de la compañía española Telefónica, apuntó que la lucha que se había dado a inicios de esta década contra la explotación laboral infantil ha sufrido una caída, por lo que las organizaciones sociales involucradas diseñaron una hoja de ruta para recuperar el terreno perdido.

Entre las recomendaciones de los grupos civiles –que en breve lanzarán en forma de libro–, se encuentran el exhorto a los gobiernos para que asuman el cumplimiento de los derechos de los niños e involucrar en este proceso a todos los sectores posibles, incluido el empresarial.

Como un ejemplo exitoso de lo anterior, Battistón expuso los resultados de Proniño, un esquema que Telefónica impulsa en 700 municipios de 13 países latinoamericanos, mediante el cual busca ofrecer a los menores una opción educativa para que dejen el trabajo, o al menos para que lo combinen con la escuela.

De su lado, Mónica González Contró, sugirió adoptar un enfoque más general sobre el tema, basado en el concepto de exclusión social, que toma en cuenta diversas esferas en las que el niño puede tener una situación precaria, desde la económica, hasta la social y la jurídica.

Un factor que impiden el análisis del tema, consideró, es pensar que los niños forman parte del status privado de la familia, sin garantías ni condiciones propias.

Reconocer los derechos del menor obligaría al Estado a brindar las condiciones para su cumplimiento, a diseñar políticas públicas sobre infancia y a tener diagnósticos más certeros.