El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, sostuvo que es inexacta la interpretación de Human Rights Watch (HRW) acerca de que la jurisdicción militar equivale a impunidad, porque las fuerzas armadas siguen procedimientos estrictos en la investigación de los delitos y en sus procesos judiciales.

En respuesta a la carta que envió la víspera el director ejecutivo para América de HRW, José Miguel Vivanco, al Congreso, el funcionario rechazó que existan ejecuciones judiciales, dado que la pena de muerte se abrogó en 2005. Por tanto, cualquier ejecución extrajudicial es sinónimo de homicidio, delito perseguido y sancionado en todo territorio nacional.

Precisó que los delitos de homicidio y lesiones, por sí mismos, no (son) exclusivos a la disciplina militar. Por el contrario, aquellos de desaparición forzada de personas, violación y tortura únicamente pueden cometerse de manera dolosa, y demuestran un completo desprecio hacia la dignidad humana y a la investidura que como autoridad representan, por lo que su consumación no guarda relación alguna con actividades militares.

Zamora Castro manifestó –en un comunicado de Gobernación– que las denuncias a las que HRW hace referencia como la mayoría de los delitos, son tortura, desaparición forzada y violación, que se contemplan en la iniciativa (de reformas al Código de Justicia Militar) presentada por el Ejecutivo dederal.

Agregó que de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia la iniciativa pretende vulnerar la autonomía constitucional que se confiere al Ministerio Público de la Federación para determinar el ejercicio de la acción penal. Por el contrario, indicó, la adición al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene por objeto conservar la validez de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Militar para que no se pierdan indicios relevantes para la investigación en el fuero civil.

El martes, HRW pidió al Congreso mexicano –mediante misiva dirigida a los presidentes del Senado, Manlio Fabio Beltrones, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez– modificar la propuesta de reforma al Código de Justicia Militar enviada por el presidente Felipe Calderón, porque deja en manos del Ejército el juicio a crímenes graves, y en esa medida perpetúa la impunidad de los uniformados.

En el texto, manifestó su preocupación por el alcance de la propuesta y advirtió que si bien la iniciativa permitiría a la justicia civil analizar denuncias de desaparición forzada, violación sexual o tortura, habría otros delitos graves que quedarían bajo jurisdicción castrense, como ejecuciones extrajudiciales, abuso sexual y trato cruel y degradante.