El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) cuenta con un listado de nombres de supuestos testaferros de narcotraficantes y secuestradores que presuntamente tienen vínculos con organizaciones criminales para las que lavan activos de origen ilícito, con el propósito de que el organismo evite vender bienes asegurados por la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Aduanas a las mismas bandas delictivas, revelaron a La Jornada fuentes militares.

Los nombres de personas sospechosas son proporcionados cada mes tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para que durante las subastas (cerradas y/o presenciales) que realiza el SAE cada 14 días, las autoridades adopten medidas preventivas.

El SAE registra los nombres de todos los interesados en participar en alguna subasta, y entre los requisitos básicos destaca el pago de una cuota de 500 pesos, presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, además de documentación financiera que avale que tiene cuentas de inversión o bancarias.

Los próximos 18 y 19 de noviembre se realizará una de las subastas públicas más grandes en la historia del SAE. Según Ernesto Martínez, director corporativo de mercadotecnia del organismo, 98 por ciento de los bienes subastados son vendidos durante la puja.

Con precios de salida hasta de un millón y medio de pesos, el SAE realizará una subasta pública de relojes, joyas, automóviles, embarcaciones, aeronaves, vinos y licores que pertenecieron a integrantes del crimen organizado, o que no cumplieron con los requerimientos fiscales de ingreso al país.

También se ofertarán 590 lotes, de los cuales 180 son de joyas que provienen de distintos procesos federales, y dos de bienes puestos a disposición de la Secretaría de la Función Pública por servidores públicos.