Los integrantes del cártel de La Familia son delincuentes, el Estado está obligado a perseguirlos y no pactará con ninguna organización criminal, afirmaron ayer el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Juan Miguel Alcántara Soria, luego de que ese grupo ofreció disolverse si las autoridades garantizan que habrá paz en Michoacán.

Nájera Herrera señaló: El Estado es el garante de la legalidad y de la Constitución, y, por ende, no se puede dejar de perseguir a ningún delincuente. Los integrantes de ese grupo decidieron violar la ley y la autoridad no puede permitirlo, tampoco dejar que sus delitos queden impunes.

El vocero del Ministerio Público Federal dijo que “no habrá ni debe haber pacto con grupos criminales, porque las autoridades no están para eso; por el contrario, están en marcha investigaciones y órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse.

“La posición de la PGR es la misma que cuando Servando Gómez Martínez, La Tuta, propuso negociar una tregua: el estado de derecho en México es la base de la estabilidad social, por tanto, es imposible quebrantarlo para beneficiar a quienes nunca lo han respetado; esa es una posición que no se puede tomar en consideración nunca.

“El Estado mexicano es sólido, no se pueden hacer compromisos con quienes nunca han respetado ese estado de derecho, transgreden la ley y atentan contra la paz social, lo que ha afectado de manera muy directa a toda nuestra sociedad.

Definitivamente no se puede, de ninguna forma, pactar con nadie que en algún momento ha transgredido la ley, y más a quien nunca la ha respetado, señaló Nájera Herrera.

Por otra parte, el secretario ejecutivo del SNSP, Juan Miguel Alcántara Soria, indicó que no hay bases para que alguna autoridad negocie con grupos criminales, y menos aún que eso implique dejar de perseguir a quien infringió la ley.

Pero, además, advirtió, “se debe tener mucho cuidado porque si ya han incursionado en el mundo de la ilegalidad, no sería imposible que también la consistencia o la congruencia de este comunicado (en el que ofrecen disolverse) no se dé en los hechos.

“Lo cierto es que en un estado de derecho la autoridad tiene una exigencia legal, un mandato constitucional, que consiste en perseguir toda expresión de quien se pone al margen de la ley, con independencia de propósitos de rectificación o repliegue.

Hay que partir del principio de que es un comunicado de un grupo criminal y que, como tal, hay que darle relevancia o alcance, dijo el funcionario durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación.