o había tenido oportunidad de examinar la Estrategia Nacional de Energía (ENE) dada a conocer al principio del año. Me ofreció la oportunidad de hacerlo en forma parcial la participación en un congreso, celebrado la semana pasada, en el que se me pidió abordar específicamente los Aspectos sociales y políticos relacionados con la sustentabilidad ambiental en la ENE. Comencé por señalar que, así acotado, el tema podría tratarse con extrema concisión. Bastaría señalar que en sus 72 páginas no hay ninguna alusión explícita a cuestiones políticas. En los últimos años se ha comprobado que en México la energía es un asunto político por excelencia. Tras una elección trucada, un intento trucado de reforma energética ha sido la cuestión que mayor inquietud política ha provocado, el tema que ha sacado más gente a las calles. La ENE ignora por completo esta dimensión política. Leyendo muy entre líneas, podría quizá interpretarse que el hecho de que la Visión 2024 incluya la existencia de empresas del Estado en el sector de la energía constituye un reconocimiento al hecho político de que no será sencillo sustituirlas o privatizarlas, como tantos actuales funcionarios del sector quisieran.

En cambio, el texto está salpimentado con diversas alusiones a lo social. Por ejemplo, las siguientes: tres referencias al desarrollo económico y social del país; tres alusiones al sector social, distinguiéndolo del privado y del gubernamental; una mención a las movilizaciones sociales que a veces estorban la actividad petrolera y, entre otras, un reconocimiento de la necesidad de atender aspectos sociales en comunidades marginadas. Estas menciones, desparramadas a lo largo del documento, no constituyen ni lejanamente un tratamiento coherente de las cuestiones sociales implicadas en toda estrategia nacional de energía merecedora de ese nombre.

No basta reconocer que algunos yacimientos petrolíferos importantes, como Chicontepec, se ubican en áreas geográficas ocupadas por comunidades, lo que dificulta las actividades de extracción y se requiere atender aspectos sociales. Sería necesario abordar otras tensiones sociales, como las que se relacionan con los derechos de vía para el tendido de ductos o líneas de transmisión o, en las zonas urbanas, las resistencias asociadas a los permisos de instalación de expendedoras de gasolina o ductos de distribución de gas natural. Efectos mayores sobre las conductas sociales, relacionados, por ejemplo, con los cambios de hábitos y de actitud, es decir, de cultura necesarios para conseguir usos menos dispendiosos de la energía, no quedan comprendidos en la estrategia. En suma, la ENE parece estar elaborada en un limbo en el que, desde luego, existen las políticas e incluso, pleonásticamente, las políticas públicas, pero no la política; existen algunos problemas sociales puntuales, pero no una dimensión social.

Para ir más allá de un recuento de omisiones, conviene tratar de entender la lógica de la ENE. Tiene como punto de partida la llamada Visión 2024. De acuerdo con ella, en 15 años México será un paraíso energético, sintetizado en cinco características que suponen, cada una, la superación de diferencias abismales respecto de la situación actual; la asunción de valores muy diferentes a los prevalecientes, en cuestiones relativas, por ejemplo, a la opción ahorro-dispendio, entre varias otras; transformaciones que no se van a alcanzar limitándose a alterar los precios relativos o a emitir señales de mercado, herramientas preferidas en la ENE. No hay mucha diferencia entre la redacción de la Visión 2024 y el texto de un comercial que se ve en estos días en los cines en el que una pequeña de kindergarten habla del México de sus sueños, en el que, entre otras cosas, ya no hay automóviles que contaminan, amén de no haber basura en las calles.

Se plantean en seguida tres ejes rectores –seguridad energética, eficiencia económica y productiva y sustentabilidad ambiental–, de los que se desprenden nueve objetivos, cuatro de los cuales tienen conexión directa con la sustentabilidad ambiental.

Habría que preguntarse sobre la compatibilidad o congruencia de estos nueve objetivos. Por ejemplo, el primero (restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural) no necesariamente puede conseguirse al mismo tiempo que el cuarto (reducir el impacto ambiental del sector energético). Habría que explicitar las conexiones entre ambos y, desde luego, las prioridades respectivas. Estas mismas incongruencias se advierten al comparar las líneas de acción que se plantean para cada uno de los objetivos. Un ejemplo: revertir la declinación en la producción de crudo significa, sin duda, elevarla por lo menos a su máximo histórico (3.4 millones de barriles diarios en 2004) desde el nivel de 2.6 millones de barriles diarios observado en 2009. Si el aumento de 800 mil barriles diarios se consiguiera en forma lineal entre 2010 y 2024 habría que añadir cada año algo más de 53 mil barriles diarios al volumen producido y a las reservas probadas, para alcanzar la restitución. La ENE no explica por qué hay que esperar 15 años para restituir una declinación que se produjo en sólo cinco.

Además, si los niveles históricos de inversión en producción y exploración ejercidos entre 2000 y 2009, que crecieron a una tasa media anual de 11.9 por ciento en el periodo, fueron incapaces de evitar una declinación anual media de la producción de 5.1 por ciento entre 2004 y 2009, ¿qué montos de inversión se requerirán para conseguir el aumento anual sostenido de alrededor de 2 por ciento que permita revertir esa declinación para 2024? La ENE no revela el secreto que permitirá revertir la simultaneidad entre volúmenes récord de inversión y caídas sostenidas de la producción.

Además de que las cuestiones políticas y sociales están en gran medida ausentes de la estrategia, no parece que las líneas de acción propuestas permitirán lograr los objetivos planteados y que será imposible alcanzarlos todos. En algún momento habrá que elegir. Cuando llegue el momento de sacrificar alguno, me parece que el mismo será el objetivo ambiental y no el productivo o el operativo.

De acuerdo con los ordenamientos legales, la ENE debe revisarse cada año. La actual administración deberá formular las de 2011 y 2012. Me temo que serán otras dos oportunidades desperdiciadas.