Opinión
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El deber y el interés común en El contrato social
C

ada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es considerado como la parte indivisible del todo, esto es el texto depurado por el propio Juan Jacobo Rousseau en su síntesis del tema. Esto es, que sin tratar de complicar más de lo que ya está, se da por sentado que existe un interés general de una sociedad dada, y que los miembros de esta sociedad aceptan someter cualquier interés particular bajo una dirección suprema, que en realidad constituye una de las partes que firman el contrato social. La otra parte está constituida por aquella que es indivisible del todo, y que en este análisis que sometemos a la consideración del lector, estaremos implicando que se trata de nuestro país en su dimensión completa.

En otra parte de la síntesis de Rousseau que él mismo describe como el menos indigno de ser ofrecido al público, en el primer libro afirma que el hombre ha nacido libre, y en todas partes se halla entre cadenas. El mismo que se considera señor de los demás no por esto deja de ser menos esclavo que los otros. ¿Cómo ha tenido efecto esta transformación? Lo ignoro ¿qué puede legitimarla?, dice Rousseau, para luego afirmar que esta cuestión sí cree poder resolverla. Es por esto que hemos creído oportuno recordar su pensamiento, como ha sucedido muchas veces en la historia, a partir de la Revolución Francesa, cuando se ha intentado, con mayor o menor éxito, democratizar las estructuras sociales, y políticas también, por supuesto.

En México se da el caso de que, precisamente en el momento histórico en el que se supone que estamos celebrando el segundo centenario de nuestra Independencia y el primero de la Revolución, nos encontramos en el centro de una crisis profunda, que pone en riesgo la vida de muchos, de muchísimos compatriotas, en diversas regiones, de la misma manera que se dispone de las vidas de miles de mexicanos. Proporcionalmente se restringen las libertades democráticas de reunión y de tránsito, por el temor de verse atacados por las cuasi guerrillas que dominan extensas zonas, desde la frontera norte, muy especialmente en Ciudad Juárez, y en todo el estado de Chihuahua, en Tamaulipas y en diversos puntos importantes de nuestra geografía. Se da también el caso de que ha sido indispensable enfrentar en cruentas balaceras a nuestras fuerzas públicas, muy destacadamente al propio Ejército y a la Marina, que, como es natural, ponen en peligro no solamente a los protagonistas del encuentro, sino también a ciudadanos de las poblaciones mencionadas y de los estados referidos.

Las cifras de muertos publicadas por los medios nacionales y extranjeros son impresionantes, y creemos que pueden compararse, por ser más o menos del mismo orden, con las bajas que sufría la población civil en los tiempos de la Revolución Mexicana. Y aunque pudiera ser aventurado afirmarlo, y parecer exagerado, se podían dar y obtener mayores garantías para la población civil entonces que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir, como dice Cristina Pacheco.

¿Qué ha pasado que tan vertiginosamente nuestras calles, carreteras y aun los domicilios particulares se ven envueltos repentinamente en escenas sumamente violentas, como fue el caso de una celebración privada en algún domicilio de Ciudad Juárez? Éste fue atacado con el resultado de 14 bajas de jóvenes que, según parece, eran completamente ajenos a las causas que se imputan generalmente al narcotráfico.

Lo cierto es que habría que revisar con la óptica de El contrato social, de Rousseau, lo que sucede en prácticamente todo el país. Se han trastocado todos los términos del contrato social que estuvo vigente desde finales del movimiento armado hasta nuestros días, con excepciones muy definidas en lo que se refiere a las causas y orígenes de algunos movimientos, también armados, como fue la guerra de los cristeros, bien delimitada a cierta zona de la República, o al conflicto que pudo ser sumamente grave, con ocasión de las elecciones presidenciales de 1946, con el licenciado Miguel Alemán, cuando se incubó lo que seis años más tarde se presentó en toda su dimensión, en 1952, con las elecciones de don Adolfo Ruiz Cortines y el general Miguel Henríquez Guzmán. Don Adolfo manejó con destreza y sensibilidad el problema, y se eliminó la posibilidad de que se extendiera la violencia en el país. Sin embargo, pudo producirse una situación de mucha gravedad.

Pero los protagonistas fueron otros en estos ejemplos y, por tanto, también muy diferentes las consecuencias, muy principalmente en lo que se refiere a que las estructuras políticas y sociales. Respondieron como se esperaba, y la violencia se detuvo, poniéndola bajo control de las autoridades civiles, y sin que la población en general, no comprometida directamente en los conflictos de referencia, sufriera consecuencia alguna.

En 1939, también el general Saturnino Cedillo se levantó en armas contra el gobierno que presidía el general Lázaro Cárdenas del Río, en un intento por frustrar la expropiacion petrolera de 1938. El conflicto armado, financiado por las compañías petroleras afectadas, no prosperó, y fue también controlado sin que se desbordara de su zona de origen. Y tampoco hubo daños para la población civil. No estaría de más revisar los clásicos de la legitimidad del uso de la fuerza pública y del ejercicio del poder. Rousseau, con su contrato social, podría favorecer para encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger, con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de los asociados, pero de modo tal que cada uno de éstos, en unión con los demás, sólo obedezca a sí mismo, y quede tan libre como antes. Esto es el problema fundamental cuya solución se encuentra en el contrato social, afirma Rousseau. Nosotros creemos que así es, y que junto con Max Weber y otros clásicos, si nos empeñamos, podremos hallar la solución, y el camino de justicia y de libertad que nos reclaman nuestros hijos.