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El gobierno indica que ofreció amplia información a Gabriela Knaul
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de octubre de 2010, p. 5

El gobierno federal expresó a la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, su pleno interés y disposición para avanzar de manera efectiva en la adecuada implementación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dijo que ofreció a la relatora amplia información sobre la implementación de la reforma constitucional en justicia penal y seguridad pública. Además, de la forma en la que ya ha sido puesta en marcha en ocho entidades, y de las medidas legales, de capacitación y de modernización en diversas áreas a fin de que la enmienda entre en vigor en todo el país en el plazo previsto de ocho años.

En comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, afirmaron que al término de su visita de 15 días en México, la relatora constata avances fundamentales en el funcionamiento del sistema de justicia en el país y presenta sus recomendaciones iniciales.

La visita respondió a una invitación del gobierno de México, en el contexto de la política de plena apertura y cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos.

Se agrega en el boletín que a petición de la relatora, se le explicó detalladamente la forma en que dicha reforma protege de manera rigurosa las garantías del debido proceso.

La relatora presentará al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 2011, un informe sobre su visita a México que, de acuerdo con las dependencias gubernamentales, tuvo un intenso programa de trabajo y reuniones con autoridades de cinco entidades y de los poderes de la Unión.

El objetivo de la visita fue revisar la adecuada procuración y administración de justicia en México; la relatora se entrevistó con el Presidente de la República; con los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de la PGR, entre otros.

Conversó también con los ministros de la Suprema Corte y otros órganos del Poder Judicial; colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán y el estado de México.