De enero de 2008 a julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió al menos 22 denuncias penales presentadas por alcaldes, regidores y otros funcionarios municipales, quienes narraron ante los fiscales antidrogas haber sido amenazados, agredidos y/o secuestrados por sicarios, policías o comandantes de alguna agencia policiaca municipal al servicio del crimen, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales.

Sin embargo, los funcionarios consultados agregaron que en ese periodo sólo se dio inicio a nueve averiguaciones previas, hoy en curso en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

De las nueve indagatorias que se abrieron en los 31 meses recientes, dos concluyeron con el ejercicio de la acción penal en contra de algún probable responsable por delincuencia organizada, tentativa de homicidio y amenazas, añadieron las fuentes.

El pasado fin de semana, Ramón Galindo, senador del Partido Acción Nacional, aseguró en entrevista que de 2008 a la fecha, al menos 100 presidentes municipales y otros funcionarios locales han recibido algún tipo de agresión de parte de integrantes de la delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado señaló que la cifra debe ser mayor, pero muchos ediles no se atreven a denunciar presiones y chantajes de la delincuencia por temor a ser asesinados. “Las cifras hablan por sí solas: 11 alcaldes han sido ejecutados en lo que va de 2010 e incluso hay desaparecidos”, dijo Galindo, según declaraciones publicadas por este diario en su edición del pasado domingo.

De su lado, los funcionarios de la PGR consultados ayer indicaron que la mayoría de las denuncias que ediles de diversos municipios han presentado en la SIEDO (de 2008 a julio pasado) refieren que los jefes de las policías locales “protegen o trabajan para los cárteles de la droga”, pues prácticamente no tienen más opción que colaborar con los criminales o morir.

La mayoría de las más de 20 querellas presentadas son por delitos contra la administración de la justicia, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y amenazas. Los alcaldes han denunciado con nombre y apellidos a los jefes de alguna corporación policiaca municipal, a quienes acusan de ser presuntos responsables de las amenazas y agresiones en contra de varios ediles.

A decir de las fuentes, los estados donde más ediles han acudido a presentar denuncias ante la SIEDO son Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Guerrero.

En septiembre de 2008, el doctor en derecho Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Universidad de Columbia, Nueva York, presentó un estudio donde sostiene que más de 63 por ciento de las 2 mil 441 presidencias municipales del país están infiltradas por el narcotráfico, y de éstas, 8 por ciento están totalmente bajo su control.

El documento elaborado por el académico precisa que hasta 2009 Chihuahua era la entidad con mayor número de funcionarios ejecutados de los tres niveles de gobierno. Entre 2008 y 2009 se perpetraron 61 homicidios, entre ellos de alcaldes en funciones y en retiro, directores de policía y regidores.

Se alude a amenazas de muerte recibidas en ese periodo por presidentes municipales que no cumplieron con peticiones de narcotraficantes, entre otras que se les permitiera usar la policía municipal. Igualmente se resalta que en las elecciones de julio de 2009, el PAN no registró candidaturas en siete municipios rurales de Nuevo León donde la violencia y la inseguridad por el narcotráfico van al alza.

En ese contexto, esta semana trascendió que ante las amenazas que han sufrido varios alcaldes se han visto obligados a trasladar su residencia a Estados Unidos para proteger su vida.