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Nuevas demandas por la participación de algunos medios en operaciones de la dictadura

Abuelas de Plaza de Mayo recuperan al nieto 102; fue robado en la Esma
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 21 de septiembre de 2010, p. 29

Buenos Aires, 20 de septiembre. Las Abuelas de Plaza de mayo anunciaron hoy la recuperación del nieto número 102, un abogado hijo de desaparecidos que fue robado por un militar en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), durante la pasada dictadura (19876-1983).

Sus padres Graciela Tauro y Jorge Rochistein fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 y antes de llegar a la Esma pasaron por otros centros clandestinos de detención. En este último lugar nació el hombre recuperado ahora y allí fue robado.

Su identidad aún permanece bajo reserva por lo cuál algunos familiares biológicos acompañaron a las Abuelas en el anuncio.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, explicó que no es un caso sencillo. Él está pasando por un proceso muy duro y hay que acudir a la paciencia en estas dolorosas circunstancias. Pero las Abuelas tenemos experiencias y sabemos que este caso va a terminar bien, como sucedió con otros. Hay que imaginar lo que es para cada uno de estos jóvenes cuando se enteran de la cruel verdad.

El hallazgo del joven se produjo por un aviso a la Abuelas que comenzaron su silenciosa investigación. En este caso, el juez Rodolfo Canicoba Corral fue quien directamente le comunicó al joven la sospecha de que podía ser hijo de desaparecidos, y aunque éste no permitía que se le realizaran los exámenes de sangre, el magistrado realizó un allanamiento imprevisto y el joven aceptó entregar la ropa que estaba usando.

Antes de esto, sus datos genéticos habían sido modificados previamente para engañar a los familiares y Abuelas, como sucedió en el caso de los dos hijos adoptados durante la dictadura por la directora del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, burlando de esta manera a la justicia.

Mediante los estudios genéticos se comprobó que era hijo del matrimonio Tauro -Rochistein.

Por su parte, el abogado de Abuelas, Alan Lud, explicó el correcto accionar del juez en este caso, ante el intento que hubo de falsificar las pruebas genéticas, lo que conforma un antecedente de lo que puede hacer un magistrado para resolver la identidad de un joven apropiado, dijo.

Carlotto sostuvo que el recurso usado por el magistrado se ha utilizado en otros casos. Por eso sorprenden las dilaciones y obstáculos en la causa de la dueña de Clarín.

También las Abuelas denunciaron que “casualmente el jefe policial del operativo (donde sólo se obtuvo una muestra fraguada para la identidad) fue el mismo que intervino en los allanamientos en la causa judicial que intenta desde hace años establecer la identidad de Marcela y Felipe Noble-Herrera”.

Estos entregaron ropas contaminadas con diversos ADN y se han negado, junto con su madre adoptiva a entregar muestras de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos. Asimismo denunciaron complicidades de la Policía Federal en el caso del último nieto recuperado, cuyo apropiador, un militar retirado está prófugo y está inculpada su esposa por el robo del niño.

Este nuestro nieto 102 sabemos que fue sacado de la Esma por este criminal ahora prófugo y sabemos que es parte del aparato represivo, dijo Carlotto.

También en estos días se han activado nuevas demandas por el tema de la participación de algunos medios masivos de comunicación en las operaciones de los militares. Uno de estas demandas es conmovedora, como una de las tantas historias negras de la dictadura.

Se trata de la denuncia de Alejandrina Barry ,cuyos padres fueron secuestrados y asesinados en Uruguay en 1977 y que a los dos años fue utilizada para mostrarla en revistas afines a los dictadores argentinos como una niña abandonada por subversivos.

Esto muestra cómo existió una campaña mediática de apoyo a la dictadura, dijo Alejandrina, quien había nacido en la cárcel de Olmos en Buenos Aires el 19 de mayo de 1975, cuando su mamá estaba como detenida política y salió en libertad poco antes de que llegara la dictadura militar el 24 de marzo de 1976.

Sus padres Juan Alejandro Barry y Susana Mata, dos militantes montoneros asesinados el 15 y el 16 de diciembre de 1977 en Uruguay, habían huido a ese país, después de la desaparición en Buenos Aires de un familiar. Mientras Alejandrina estuvo en manos de militares uruguayos la utilizaron para tomarle fotos destinadas a una campaña publicitaria que desarrollarían luego los militares argentinos .

A mí me usaron como un conejito de Indias. Servía más para que ellos hicieran su publicidad que apropiada. No es que me entregaron sin más a mis abuelos. Fue una decisión política. Me entregaron a cambio de poder hacer esa gran campaña. Me usaron para decir que los subversivos merecían morir porque dejaban solos y abandonados a sus hijos, contó Alejandrina al diario Miradas al Sur. Ahora inició una querella contra la editorial y también contra los responsables periodísticos de los medios de ese grupo: Samuel Gelblung (Gente); Gustavo Landívar, Héctor D’Amico y Jorge Gutiérrez (Somos), y Lucrecia Gordillo y Agustín Botinelli (Para Ti).

La mía no fue una nota aislada. Todas las semanas salía alguna nota por el estilo. Y deben ir presos los responsables como instrumentos esenciales para legitimar el terror. Fueron el brazo mediático de la dictadura. Y hay que mostrar lo que se empezó a discutir: la dictadura no fue una obra de militares locos, sino que fue una dictadura cívico militar.