Narco y fuerza pública
Contra los nahuas autónomos
de Ostula
Gloria Muñoz Ramírez. El costo de la recuperación de tierras en Ostula, Michoacán, ha sido muy alto: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas y hostigamiento constante. Pero Evaristo Domínguez, uno de los comuneros que el 29 de junio de 2008 recuperaron más de mil hectáreas que durante 40 años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita, señala sin titubeos: “Nos duele mucho que sea así, pero ni modos. Estamos convencidos de que una lucha así se gana, con vidas. Algo tiene que pasar. De aquí no nos vamos. Ya tomamos posesión por tercera ocasión y esta vez no nos vamos. Ya no”.
“Ostula es la puerta de entrada hacia todo nuestro territorio. Por eso decimos que si vencen a Ostula nos vencen a todos. El gobierno puede decir ‘ya vencimos a Ostula y ahora vamos por El Coire y Pómaro. Las tres comunidades son ricas en minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción que nosotros cuidamos”, advierte por su parte Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire y activo luchador en la recuperación de las tierras.
La osadía de los comuneros de Ostula, apoyados siempre por sus vecinos de Coire y Pómaro, es haber recuperado un territorio que les pertenece, pero que disputan narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, supuestos pequeños propietarios y empresas mineras.
Una de las más recientes agresiones ocurrió el pasado 4 de mayo, cuando más de mil hombres armados pertenecientes al Ejército Federal, la Policía Federal y la Marina Armada de México cercaron la cabecera municipal de Santa María Ostula supuestamente buscando armas. Tres días después un grupo paramilitar de unas 150 personas que decían ser de La Placita entraron fuertemente armados a Ostula y El Coire a repartir propaganda en apoyo a sus actividades, con la fallida finalidad declarada de asesinar a Valentín Álvarez Medina, presidente suplente del comisariado de bienes comunales de El Coire.
El historial de agravios es enorme, alarmante y reciente: “El 29 de junio fue secuestrado el comunero Máximo Magno Valladares sin que se conozca su paradero. El día 17 de julio fue asesinado en la carretera federal el comunero Humberto Santos Valladares. El 19 de julio fue baleado el comunero Roberto Arceo; posteriormente, el 27 de julio fueron asesinados los comuneros Venancio Ramírez Cirino, Manuel Flores Álvarez y Miguel Ángel Flores Álvarez; unos días después, el 3 de agosto, fue asesinado el comunero José Martínez Ramos. En todos estos casos se habla de la acción concertada de cárteles que han penetrado nuestra comunidad en los últimos meses y que gozan de protección gubernamental”, señalan en el comunicado difundido el pasado 17 de agosto.
De igual modo, en un operativo conjunto de la Marina Armada de México, la Policía Federal y la Policía Estatal, el 2 de agosto los comuneros Timoteo Ramírez Cirino, del poblado El Duín, y Arnoldo Robles Luna, de la cabecera de Ostula, fueron detenidos, cada uno en su domicilio, sin que existiera orden de aprehensión en su contra ni orden de cateo para entrar a sus casas. A Timoteo Ramírez “los enviados de la ley le sustrajeron 6 mil pesos. Ese mismo día se tomó también por asalto la casa del comunero Semeí Verdía y sustrajeron de ella la cantidad de 12 mil pesos y diversos valores. El gobierno manifestó falsamente que Timoteo Ramírez y Arnoldo Robles fueron detenidos juntos y en posesión de armas a bordo de una camioneta en la carretera federal pues, de otro modo, no les era posible justificar su inconstitucional proceder”, señalan los comuneros.
“Los que tienen el poder en este país, llámense gobierno, narcotraficantes o empresarios trasnacionales, han desatado una guerra de terror en contra de nuestra comunidad que, escondida tras la máscara de la supuesta guerra contra el narcotráfico, busca sembrar terror en nuestra población para frenar nuestra justa lucha, imponer los intereses de las empresas mineras que empiezan a invadir el territorio nahua, ilegalizar la autodefensa comunal, acabar con nuestras autoridades y organización comunal y promover la participación de jóvenes indígenas en los cárteles del narcotráfico, como vil carne de cañón para provocar la división y la descomposición social al interior de las comunidades indígenas”.