21 de agosto de 2010     Número 35

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada


FOTO: CIMMYT

Sobrevivientes del desierto: ejidatarios de la costa

Emma Paulina Pérez López

Manuel es un norteño dedicado a la cría de becerros y forma parte de un grupo de casi dos mil ejidatarios que tienen derechos agrarios en una treintena de ejidos en las llanuras semidesérticas de la Costa de Hermosillo.

Cuando contaba sólo con 16 años bajó de su pueblo en la sierra con rumbo hacia el litoral a trabajar, como muchos, en las pizcas de algodón. Eso fue hace más de medio siglo, cuando el “oro blanco” y el trigo eran los principales cultivos en el distrito de riego que acababa de fundarse al poniente de Hermosillo, la capital de Sonora. Al igual que miles de jornaleros que llegaron a estas tierras y participaron en los desmontes, las siembras y las cosechas de nuevas áreas agrícolas, Manuel tuvo que movilizarse en busca de ocupación. Así llegó a Sinaloa donde trabajó varios años, siempre a cambio de un jornal. Allá conoció a Elena, con quien formó una familia. Era el tiempo en que el Estado apostaba por la modernización agrícola, y prometía un “desarrollo” que acabó por beneficiar ante todo a una elite de empresarios agrícolas.

Al regresar a la Costa, ya en la década de los 70s, Manuel buscó la manera de trabajar en las granjas avícolas y porcícolas que había en la región; así consiguió mejor salario que siendo jornalero agrícola. Andando de granja en granja, sostuvo a sus tres hijos y tuvo la oportunidad de volverse ejidatario. Y es que en los 70s y en los 80s, por medio de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se entregaron más de 80 por ciento de las 86 mil hectáreas que hoy poseen los ejidos en la Costa de Hermosillo.

Con repartos ejidales el Estado respondió a la demanda urgente de los trabajadores estables al servicio de los empresarios agrícolas, porque en muchas ocasiones había ausencia de mano de obra para levantar las cosechas pues los jornaleros preferían cruzar la frontera y emplearse a cambio de dólares. También los ejidos se fundaron para cubrir la emergencia de dar tierra a los “sin tierra” y mantener la esperanza, cuando las movilizaciones campesinas surgían por todo el país y exigían nuevamente el reparto de la tierra y una salida a la crisis en un campo que ya suma cuatro décadas polarizado. Tan sólo en el sur de Sonora, con la presión campesina se logró afectar a los propietarios al término del sexenio echeverrista.

Sin embargo, en la Costa más de 90 por ciento de las tierras ejidales nunca dispuso de agua para poder cultivar, y pronto se vino abajo el sueño de muchos ejidatarios de ser productores agrícolas. Y aunque un grupo de ellos se fue, otros sí se quedaron e incluso llegaron nuevos. Según los censos recientes, hoy viven en los ejidos más de dos mil habitantes, y estimamos que entre ellos hay 400 familias que tratan de sobrevivir con una actividad productiva, principalmente pecuaria. Para ello hacen esfuerzos enormes: cuando crece la familia y tienen más brazos que ayuden, tratan de generar ahorros destinados a la compra de ganado. Los hijos salen de los ejidos en busca de una remuneración, e incluso llegan a arriesgar sus vidas porque cruzan la frontera sin papeles y trabajan en Estados Unidos a cambio de un pago en dólares. Otros cuidan ganado ajeno y se les paga con crías.

Así, con diversas estrategias, fue como don Manuel empezó a tener ganado propio hace tan sólo 15 años, reforzando la tradición ganadera del campesino en Sonora. Primero compró a La Tontona, que fue su primera vaca, y hoy ya tiene 14, entre ellas, La Vitola, La Suicita, La Vaguita y La Chueca. Más de la mitad de ellas paren una cría al año y, como siempre se ha hecho, las hembras se reservan para hacer crecer el hato y a los machos se les vende antes de cumplir el año.

Ni los cambios a la Ley Agraria, ni el abandono en que el Estado dejó a los productores del campo desde hace ya casi dos décadas, convencen a don Manuel y a otros muchos Manueles que deban desaparecer. Ellos no renuncian a su derecho de asegurar su sustento teniendo una economía propia, que les dé autonomía.

En pleno siglo XXI estos ejidatarios persisten, y nos hacen recordar que la esencia campesina es la de ser productor, y que el campo mexicano, con su contribución, puede recuperar su función de proveedor de alimentos. Y aunque en algunos estudios se insista que hoy sus habitantes han dejado la actividad agropecuaria, son muchos los campesinos de la Costa de Hermosillo que persisten en ser productores, sobreviviendo en el desierto.

Investigadora independiente y estudiante del doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco

Incertidumbre e inestabilidad, marca de los jornaleros agrícolas de Sonora

Juan Luis Sariego Rodríguez

Los trabajadores del campo de Sonora conforman un proletariado numeroso, complejo y en buena medida desconocido. De los casi de cuatro millones de jornaleros agrícolas que hay en México, se estima que en Sonora llegan a residir hasta cerca de 80 mil, dispersos en regiones como la Costa de Hermosillo, la zona de Guaymas-Empalme, el área de Caborca y la micro-región de Pesqueira-Zamora cercana a Hermosillo. La mayoría son migrantes provenientes de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Abundan los indígenas nahuatls, triquis, mixes y zapotecos, pero también hay contingentes mayos y yaquis, así como campesinos mestizos de diferentes regiones. Muchos de ellos viven hacinados dentro de los campos, en galerones y viviendas precarias propiedad de los empresarios y sólo unos pocos residen en ejidos y poblados cercanos.

A partir de un estudio realizado entre 2000 y 2004 (Los jornaleros agrícolas, productores invisibles de riqueza. Nuevos procesos migratorios en el noroeste de México, coordinado por María Isabel Ortega, Pedro Alejandro Castañeda y Juan Luis Sariego y editado por CIAD-Plaza y Valdés, en 2007), podemos señalar que casi 90 por ciento de los jornaleros agrícolas que trabajan en Sonora son migrantes y entre ellos existen dos perfiles, dependientes del tipo de cultivo en el que son contratados.

El primer perfil lo conforman jornaleros mayoritariamente indígenas, originarios de Guerrero. Oaxaca, Veracruz y Puebla y son empleados por tres meses en campos de hortalizas. Este proletariado se emplea en familia, incluyendo los menores de edad, y los campos agrícolas donde laboran son los que reúnen las condiciones laborales más precarias en términos de salarios, trabajo infantil, vivienda, servicios sanitarios, educación y salud. Pareciera pues existir una segmentación del mercado laboral y una correlación entre los niveles de calificación requeridos para cada tipo de cultivo y los perfiles étnicos y socio-laborales de los jornaleros. Todo ello se expresa en una tendencia a que la demanda se ajuste a las condiciones sociales de la oferta de trabajo. Así, este mercado laboral indiscriminado y abierto al que se accede sin mayores requisitos permite al jornalero y a los miembros de su unidad doméstica adaptarse a los requerimientos y ritmos del trabajo aunque sea en detrimento de sus niveles de bienestar social.

Estos jornaleros viven en condiciones precarias: hacinamiento en galerones y viviendas de lámina o de cartón, pisos de tierra, falta de ventilación, defecación al aire libre, fogones de leña improvisados para cocinar, escasas y contaminadas fuentes de agua, carencia de sistemas de recolección de la basura, lejanía con los centros de salud y ausencia de servicios de educación y salud.

El segundo tipo de jornalero agrícola migrante es el de los campos de cultivos de exportación asociados a estrictos controles sanitarios internacionales, como la uva de mesa. Ahí, los dueños emplean trabajadores jóvenes, mestizos y sin familia, sobre todo de los estados de Puebla, Veracruz, Michoacán, Sinaloa y Sonora, aunque también contingentes indígenas. Los salarios y las condiciones laborales y de vida son mejores que en los demás campos, pues los procesos de trabajo están más tecnificados y calificados, pero, además, porque las regulaciones internacionales en materia de inocuidad alimentaria exigen al propietario mantener ciertos estándares de seguridad e higiene, lo que le lleva a estabilizar su mercado laboral. En contraste con los campos hortícolas, los ritmos y requerimientos de productividad son aquí más estrictos y la demanda de trabajadores tiende a condicionar el perfil socio-laboral típicamente proletarizado del jornalero.

Estos campos agrícolas se caracterizan por contar con viviendas de ladrillo y techos de lámina, módulos sanitarios, comedores colectivos higiénicos, tiendas Diconsa, sistemas de agua tratada y entubada, formas organizadas de recolección y procesamiento de la basura, escuelas de nivel pre-escolar y primario, módulos de atención social o enfermería y espacios deportivos.

Más allá de estos contrastes, el mercado laboral de esta agricultura moderna sonorense se caracteriza, antes que nada, por su inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. Quienes pretenden acceder a esta ocupación enfrentan múltiples obstáculos estructurales para ubicarse en los lugares y tiempos precisos, allá donde la oferta de empleo se ajuste a sus niveles de calificación, a sus expectativas salariales y condiciones familiares. Por su parte, los empleadores compiten entre sí para poder allegarse, en tiempo, volumen y nivel de competencia requeridos, la mano de obra necesaria.

Sin duda es esta inestabilidad e incertidumbre la que explica el papel primordial que juegan los intermediarios laborales. Se trata de personas que reclutan en los lugares de origen a los jornaleros, organizan y coordinan el trabajo de sus cuadrillas en los surcos. Esto les otorga una posición estratégica en el regateo de las tarifas del destajo y en la negociación de las condiciones laborales. Además asumen una posición de liderazgo y representación de sus paisanos quienes muchas veces desconocen la situación del mercado laboral al que ingresan.

ENAH Unidad Chihuahua


FOTO: Dirección General de Culturas Populares

Los pescadores Cucapá

Julieta Valle

La población indígena originaria de la Península de Baja California fue diezmada durante los siglos XIX y XX. Hoy en día sobreviven cinco grupos que forman parte de la familia yumana y se encuentran asentados en pequeñas localidades de los municipios de Mexicali y Ensenada. Los cucapá, quienes se encuentran en vías de extinción lingüística, habitan mayoritariamente en la comunidad del El Mayor y dispersos en otros ejidos próximos a Mexicali y la frontera con el estado de Sonora.

El 19 de mayo dos indígenas pertenecientes a esta etnia fueron detenidos en una playa por el Ejército Mexicano, acusados de capturar ilegalmente una totoaba, pez endémico del Mar de Cortés. La especie se encuentra protegida, junto con otras más, de la amenaza que representa para su supervivencia la pesca indiscriminada.

Los acusados alegaron que la captura había sido accidental, pero aun así fueron víctimas de tratos vejatorios por parte de los militares que los aprehendieron; de manera expedita recibieron auto de formal prisión. La noticia de que la ley había caído sobre ellos se difundió rápidamente y de inmediato la opinión pública nacional e internacional se volcó mayoritariamente para defenderlos. Se ejerció una presión efectiva que desembocó en la liberación de ambos luego de casi un mes de su detención. Y aunque el episodio ha caído en el olvido, vale la pena abundar sobre algunas de las cuestiones que estuvieron implicadas y que resurgirán una y otra vez, no siempre con desenlaces justos o felices.

Ciertamente, la pesca es una de las actividades humanas que tiene un mayor y más irreversible impacto sobre los ecosistemas marinos, y es loable que el gobierno mexicano haya contraído compromisos internacionales vectores de normas rígidas contra la captura desordenada de especies marinas, así como de sanciones severas a los transgresores. Sin embargo, la normatividad existente pasa por alto factores de crucial importancia.

Una política ambiental basada en el establecimiento a rajatabla de vedas o prohibiciones resulta insuficiente, además de que favorece actividades clandestinas, estimuladas por el aumento exponencial de la demanda de bienes escasos o exóticos. Pero no sólo eso, también es explícitamente indiferente ante algunos factores de carácter social que están involucrados. Nos referimos a la tensión entre determinadas actividades productivas tradicionales de numerosos grupos indígenas y la legítima obligación del Estado por garantizar el interés superior de la nación por proteger el patrimonio natural. En definitiva, el escenario es complejo y requiere de análisis serios. Pero además, es imposible dejar de mencionar que las mismas obligaciones que asume la Federación bajo el esquema de “cero tolerancia” con los pescadores artesanales, son letra muerta cuando se trata de regular la actividad de las grandes empresas.

El deterioro de los mares y sistemas lagunares, así como la caída de las poblaciones de numerosas especies dependen de un conjunto de factores que inciden en la afectación a los manglares, arrecifes y litorales; la pesca es apenas uno de ellos y no siempre el de mayor peso. Las autoridades ambientales lo saben, y sin embargo callan cuando salen a la luz pública denuncias en contra de las cadenas hoteleras y empresas de transporte y recreación que depredan y destruyen impunemente el medio ambiente marino.

En el caso que nos interesa, esta situación ha permitido que el Mar de Cortés se encuentre seriamente amenazado por el tránsito de yates y por la desalinización de aguas, al servicio del gran turismo. Y aunque la pesca no puede calificarse como inocua, difícilmente se sostiene una regulación implacable relativa a la captura de las especies amenazadas mientras se pasa por alto el impacto ambiental de otras actividades. Nos referimos sobre todo al crecimiento desordenado de los servicios de hospedaje a lo largo de la franja costera, la proliferación de vertederos de aguas negras, la contaminación provocada por derivados del petróleo, las obras de reestructuración de playas y acantilados y el tránsito continuo de embarcaciones dentro de los límites de los santuarios de especies vulnerables como la ballena gris.

Por otro lado, la reticencia del Estado mexicano a establecer el cuerpo legislativo mediante el cual se materialice la ya legendaria firma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo enfrenta situaciones paradójicas como ésta. Existe un reconocimiento difuso de los derechos territoriales de los pueblos originarios, pero no se ha formalizado normatividad alguna que los haga valer. En el caso de los cucapá, su milenaria tradición pesquera, que debería implicar algún tipo de derecho territorial sobre las aguas del delta del Río Colorado y las del norte del Golfo de Baja California, se ha topado con regulaciones que, amparadas por un sedicente compromiso ecologista, criminalizan la actividad económica que da sustento material e identitario a sus poblaciones.

Este caso demuestra una vez más la urgencia de una legislación que recoja las demandas históricas de los pueblos indios al pleno disfrute de sus territorios, acceso a la justicia y defensa de su cultura.

ENAH-INAH



FOTO: Larry & Teddy

A la orilla de la exclusión

Embates a la pesca ribereña
en bahía de kino

Karla Cruz-González y Sofía I. Medellín

Hace 50 años Bahía de Kino era una comunidad pesquera que apenas rebasaba los cien habitantes. Ubicada en un lugar privilegiado por su acceso a las Grandes Islas del Golfo de California, ha sido tradicionalmente un polo de atracción debido a su intensa y productiva actividad pesquera.

Por oleadas, han llegado cientos de familias desde Sinaloa, Chihuahua, las dos Baja California, Jalisco, Hidalgo, Durango, Aguascalientes, Veracruz y Chiapas, que actualmente componen la población de alrededor de cinco mil habitantes, en muchos casos arrojados de los campos agrícolas en épocas de crisis, que ante la falta de alternativas económicas, han hecho de la pesca ribereña sustento y modo de vida. Sin embargo, la extraordinaria riqueza natural del Golfo de California poco a poco se agota, producto de la sobreexplotación que impacta toda actividad pesquera.

El declive de la pesca en Kino ha ocasionado, entre otras cosas, un incremento de rivalidades por zonas y especies de pesca entre pescadores “kineños” y los llamados “fuereños”, es decir, pescadores de otras localidades que se trasladan a la costa de Kino. Si bien no es un problema nuevo, en las décadas recientes se ha incrementado: “Siempre ha habido este conflicto, desde hace mucho tiempo, pero no se preocupaban tanto porque había mucho producto, pero desde los 90s, ya empezó más fuerte”, dice un pescador de la comunidad.

Entre los muchos intentos por defender su territorio, en 2006 los pescadores tomaron las oficinas de la Secretaría de Pesca, a fin de ejercer presión para el cumplimiento de la ley marítima, y así respetar el límite permitido de embarcaciones por zona, exigiendo sacar de Kino a los pescadores de otras comunidades. Pero no se logró una solución. Otra propuesta que los pescadores han impulsado en varias ocasiones es la implementación de una zona de exclusividad pesquera que restrinja el acceso a pescadores “fuereños”, tal como detentan sus vecinos seris (comcáac) en el Canal del Infiernillo. Los pescadores argumentan que además de garantizar un espacio de trabajo, se fomentaría el cuidado y buen manejo de los recursos.

Los opositores a esta propuesta son los llamados “dueños” de cooperativas y permisionarios, intermediarios que cuentan con permisos y equipos de pesca que, coludidos con las autoridades, son quienes contratan a pescadores de otras comunidades. “Los permisionarios traen gente de fuera y no dan oportunidad a los de Kino, sobre todo porque dicen que somos muy problemáticos, pero claro, es más fácil que se aprovechen de los de afuera porque están en desventaja, fuera de sus casas y su territorio”.

Por otro lado, la pesca industrial, representada principalmente por barcos de arrastre camaroneros y sardineros, también implica una competencia que pone en desventaja a los ribereños, principalmente porque los barcos rebasan los límites de su área de captura y por los grandes volúmenes de pesca incidental que extraen. Es decir, especies en edad temprana que podrían ser aprovechadas por la flota ribereña si llegaran a alcanzar una talla comercial.

A su vez, Bahía de Kino está considerada como un punto estratégico más del megaproyecto turístico Escalera Náutica. La regionalización de las zonas turísticas descritas en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Turístico no ha tomado en cuenta las necesidades y aspiraciones de la población. Algunas zonas con condiciones físico-bióticas adecuadas para la reproducción de especies marinas y el aprovechamiento de ciertas pesquerías, como los linderos acuáticos de la Isla Alcatraz o el Estero Santa Cruz, se han convertido progresivamente en arenas de conflicto territorial entre el sector ribereño y operadoras turísticas.

Son múltiples los actores con los que cotidianamente se enfrentan los pescadores ribereños y pocas las alternativas que ofrecen las políticas y dinámicas locales. La supuesta lucha por el cuidado del medio ambiente y el bienestar social se ve muy limitada en tanto sigue prevaleciendo el desarrollo de capitales privados que no consideran al sector ribereño y que incluso promueven su desaparición. Para los “kineños” la exclusión es mayor por su condición no indígena que, al menos en esta parte de Sonora, reconoció privilegios a unos y despojó a muchos otros del control de sus recursos naturales, así como de la posibilidad de regular localmente el acceso a los mismos.

Centro de Investigación y Capacitación Rural, AC (CEDICAR)


FOTO: Garret Voight

El agua en sonora
¿derecho o negocio?

Carlos Cortez Ruiz

Hace unos días la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoce al agua potable como un “derecho humano básico”. Pero la posibilidad real de avanzar en la garantía de ese derecho está limitada por la oposición de los poderes mundiales y las corporaciones que consideran el agua como un bien con el cual se puede hacer negocio.

En el caso de México la resolución es fundamental en la medida que se ha venido imponiendo el interés de lucro o las “oportunidades de negocio” en las decisiones relativas al agua, mientras amplios sectores de la población no tienen asegurado el acceso al vital líquido. El tema es particularmente importante en el noroeste del país, donde es serio el problema de la disponibilidad y el acceso al agua potable y donde el modelo con que se pretende resolver la situación parece no considerar el derecho humano básico.

Sonora se ha enfrentado desde mediados de los 80s a una severa sequía que ha generado la aplicación de programas de racionamiento. En 2004 el sistema estatal de presas contaba con sólo nueve por ciento de su capacidad y, según la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado, 32 municipios enfrentaban serios problemas de abastecimiento. Ya desde entonces se alertaba sobre la insuficiente cobertura de los sistemas hidráulicos en las principales ciudades y de la urgencia de crear infraestructura hidráulica para enfrentar los problemas de desabasto. En 2005 se anunciaron programas de restitución de fuentes de captación en 29 municipios, mediante acciones de exploración geofísica, construcción y reequipamiento de fuentes de captación, rehabilitación y profundización de pozos, entre otras obras. Sin embargo, las acciones de restitución no fueron suficientes y para febrero del presente año las ciudades del centro y noroeste del estado enfrentaron la peor emergencia de su historia por desabasto de agua potable.

El 25 de enero pasado el gobernador Guillermo Padrés alertó a la población sobre la gravedad del problema y anunció la decisión de tramitar la declaración de emergencia ante la Secretaría de Gobernación por el desabasto de agua. Acusó a los anteriores gobiernos priístas de no haber realizado inversiones suficientes para solucionar el problema, particularmente grave en Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Guaymas y Navojoa. Unos meses después, las autoridades estatales y federales presentaron el Plan Integral para el Abasto de Agua en Sonora, que prevé solucionar la escasez con la construcción de tres presas, canales y otras obras que conectarían presas de los ríos Mayo y Yaqui con Hermosillo. Incluye la propuesta de construir plantas desaladoras de agua de mar, para el abasto de Guaymas y Puerto Peñasco.

El 28 de julio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmó un convenio con el gobierno del estado y anunció que le otorgaría a éste asesoría técnica y apoyo financiero para las obras hidráulicas consideradas en el programa Sonora Sí. Las obras (nuevas presas, una desaladora y tres acueductos) requieren una inversión superior a los 11 mil 800 millones de pesos, y se utilizarán recursos del fondo de infraestructura, de la iniciativa privada y de programas de la Conagua. Aunque no hay información sobre la participación de los privados, se considera un esquema de “diseño, construcción, operación y transferencia” por un periodo de 20 años, como se aplica en otras obras de este tipo promovidas por la Conagua. Esto significa que los proyectos deberán ser “rentables” para beneficio de los inversionistas privados participantes.

Las principales obras anunciadas implicarán inversiones de cuatro mil millones de pesos. Destaca el acueducto Independencia, que requiere una inversión de tres mil 800 millones de pesos y tiene como objetivo conducir agua de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo para garantizar agua a 800 mil habitantes. También se anunció el financiamiento y apoyo técnico para el proyecto de la planta desalinizadora que abastecerá a los municipios Guaymas y Empalme. Las obras incluyen la presa Pilares, a construirse en la parte alta de la cuenca del Río Mayo, y del acueducto Revolución, que requiere unos 80 millones de pesos y abastecerá a los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

El director de la Conagua entregó al gobernador dos títulos de asignación de derechos de agua por casi 52 millones de metros cúbicos que serán conducidos por el acueducto Independencia y aseguró que no se tocará una sola gota de agua concesionada al distrito 41 del Valle del Yaqui. Además de los 52 millones de metros cúbicos, en trámite de cesión, para el acueducto Independencia, están en negociaciones el resto de los 70 millones que se necesitan en total para que el sistema entre en operación en abril de 2012, informó la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Si bien junto con el convenio firmado se anunció que habría convocatorias para las licitaciones de los acueductos Independencia y Revolución así como para la presa en Nacozari, hasta el 11 de agosto no se habían dado a conocer. Estas obras no están consideradas en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Entre los denominados proyectos estratégicos de la Conagua no existe tampoco referencia alguna a los acueductos y sólo se menciona la propuesta de construcción de una desaladora en Guaymas, con una inversión de 850 millones de pesos y una capacidad de 500 litros por segundo. Asimismo, están pendientes los derechos de vía y los estudios de impacto ambiental.

Desde sus orígenes, el plan Sonora Sí generó división. Se oponen a él diversos sectores políticos y sociales, algunos de ellos agrupados en el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA). Entre los opositores se encuentran productores agrícolas y empresarios del sur del estado; diputados locales y federales priístas; inclusive el senador panista Javier Castelo y el ex candidato a gobernador de ese partido Adalberto Rosas. Destaca la oposición de autoridades de la tribu yaqui.

Al darse a conocer que iniciaría la licitación del acueducto Independencia, los opositores se manifestaron y presentaron demandas en los tribunales, con el objetivo de evitar el trasvase del agua de la presa El Novillo. Su argumento es que esta obra afectaría la disponibilidad del recurso en el Valle del Yaqui y el desarrollo de la economía del sur del estado. El MCA plantea como alternativa la construcción de una planta desaladora de agua de mar para abastecer a la capital, que requeriría una inversión 30 por ciento inferior. Los opositores consideran que es sólo mediático el anuncio oficial de que iniciarán las obras de Sonora Sí, pues la ley impide trasvasar agua de una cuenca a otra o cambiar el uso de la misma. Miembros del MCA entregaron al Congreso local una petición en contra del acueducto El Novillo-Hermosillo. Asimismo, el gobierno enfrentará dificultades para que el Congreso apruebe los créditos o las reasignaciones presupuestales que necesita para concretar el proyecto.

Hasta principios de agosto, el gobierno del estado no había informado al Congreso local de las obras contenidas en el proyecto Sonora Sí, ni había hecho pública información donde demuestre que éstas representan la mejor alternativa para el suministro de agua a Hermosillo.

La tribu yaqui es de las que se percibe de las más afectadas por el acueducto. Con base en decretos presidenciales emitidos a mediados del siglo XX, debería recibir 50 por ciento del agua para riego de la presa El Novillo, pero recibe solamente 15 por ciento. En reunión con el gobernador en mayo pasado, las autoridades tradicionales de la tribu hicieron una defensa del agua que les corresponde y solicitaron que se defina bien el decreto del general Lázaro Cárdenas respecto a a los volúmenes de la presa La Angostura y de los escurrimientos del Río Yaqui que les pertenecen. Demandaron también el cumplimiento del decreto que los dotaría de más agua para ampliar sus siembras mediante la creación del distrito de riego de la Tribu Yaqui.

Aunque en el encuentro nunca se mencionó que la etnia cedería parte de su agua para abastecer a Hermosillo, parece imposible que el gobierno estatal convenza a la tribu de vender parte de su agua o “sus excedentes”, dejando de lado las demandas y la historia de resistencia de estos indígenas frente a los intentos de despojo de sus recursos. En los primeros días de agosto, las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis de Vícam y Pótam interpusieron recursos legales ante el Tribunal Unitario Agrario 35 de Ciudad Obregón contra el gobierno del estado y la Conagua, para tratar de frenar la construcción del acueducto de El Novillo-Hermosillo, coincidiendo con la lucha del MCA contra ese proyecto. En la demanda exigen que ambas partes se abstengan de celebrar cualquier convenio o licitar cualquier obra que tenga como objetivo extraer agua de la cuenca del Río Yaqui. Solicitaron al tribunal agrario que les restituyan 50 por ciento de las aguas de la cuenca del Río Yaqui.

Además demandaron que se emita una medida cautelar urgente y precautoria de aseguramiento para que tanto la Conagua como el gobierno estatal se abstengan de emitir, suscribir o establecer cualquier acto o decreto en el que se involucren volúmenes o derechos de agua de la cuenca del Río Yaqui. Estas demandas yaquis reducen la viabilidad del plan Sonora Sí. Aunque el tribunal agrario rechazara atender la demanda con el argumento de que el tema no es de su competencia, es evidente que los yaquis están dispuestos a acudir a instancias legales para exigir sus derechos.

La Conagua y el gobierno estatal han advertido que no cederán ante la oposición. Consideran que ésta defiende intereses “partidistas”. “No vamos a claudicar, ni nos vamos a amedrentar: Vamos para adelante”, advirtió Padrés a los detractores del acueducto. Lo cierto es que precisamente la forma en que se han hecho las cosas hace pensar en la existencia de intereses particulares, no revelados por la falta de transparencia que ha caracterizado al Sonora Sí.

Quizá la situación permita abrir un debate sobre la compleja problemática del agua en Sonora, y así que todos los agentes involucrados en el asunto definan de manera transparente cuáles son las obras más adecuadas, pensando en el largo plazo y en modelos que ayuden a garantizar el manejo sustentable del recurso y el derecho humano al agua potable para toda la población.

Posgrado en Desarrollo Rural, UAM-X