El reconocimiento sobre el rezago en que se encuentra el sector laboral del país no le alcanzó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para evitar la andanada de críticas y cuestionamientos que le lanzaron diputados y senadores de PT, PRD y PRI, por las cifras imprecisas e incluso mentirosas en torno a la creación de empleos, la tasa de desocupación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, como señaló el diputado Mario di Costanzo (PT).

Aunque el funcionario insistió en plantear los datos oficiales sobre la generación de más de 800 mil nuevos empleos en lo que va de la actual administración, y que desde junio de 2009 se han creado más puestos laborales comparados con los perdidos, el priísta David Hernández señaló que ésa no es la realidad que a diario ven en las organizaciones sindicales, adonde se acercan personas en busca de empleo aunque no tengan prestaciones sociales.

Durante la comparecencia ante la tercera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión en la que estuvieron Lozano y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, prácticamente todos los legisladores les reclamaron que hayan transcurrido casi tres meses para poder llevar a cabo el encuentro.

Las críticas se centraron en Lozano Alarcón, quien fue duramente cuestionado por los legisladores de PRI, PRD y PT por la inconsistencia de las cifras que da el Seguro Social sobre el número de empleos creados y los datos del Inegi en torno a la tasa de desocupación. Lozano ofreció una explicación que tampoco dejó satisfechos a diputados ni senadores.

Legisladores de PRD y PT criticaron al funcionario por su soberbia, ya que ni siquiera volteaba a verlos cuando hacían uso de la palabra, a pesar de que se lo pidieron en reiteradas ocasiones.

El diputado Avelino Méndez (PRD) detuvo su participación cuando Lozano Alarcón solicitaba algún dato a sus colaboradores. El mismo le solicitó su renuncia de manera verbal y mediante una cartulina en la que se leía: Lozano, renuncia, y que mantuvo en alto durante varios momentos a lo largo de la sesión.

Lozano tampoco se salvó de los cuestionamientos sobre el conflicto que aún persiste por la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Luis Videgaray (PRI) reconoció que los diputados de su partido apoyaron la decisión del Presidente, en aras de mejorar la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica. Sin embargo, dijo, hoy los usuarios se enfrentan a constantes apagones y menor calidad en el servicio, además de que el conflicto social sigue sin resolverse.

No le dimos un cheque en blanco: queremos un servicio de calidad y solución para los más de 16 mil electricistas que se mantienen en lucha. Di Costanzo criticó la decisión de terminar con LFC, así como la desocupación que dejó en la calle a unos 45 mil trabajadores. Lo acusó, además, de ser representante de los intereses patronales.

El petista reconoció que no esperaba respuestas claras ni verídicas. Si en el IMSS encubren asesinos, ¿a poco no encubrirían las cifras de empleo?, preguntó.

David Penchyna (PRI) se sumó al cuestionamiento que en su turno planteó Luis Videgaray en torno a los empleos que dejaron de generarse por la subinversión que, de acuerdo con la cuenta pública de 2009, ascendió a más de 53 mil millones de pesos que dejaron de ejercerse en infraestructura.

Además, señaló el diputado, no se puede hablar de que exista un ambiente propicio para los inversionistas en un entorno de tensión social generada por la crisis causada con la fallida guerra contra la delincuencia organizada.

Convocó al gobierno federal a reconocer los problemas que hay en la República y asumir las responsabilidades que correspondan a cada sector. “Sin duda el Legislativo tiene faltas –dijo–, pero el Presidente se debe comportar como el jefe de Estado que es”.

Penchyna cuestionó que el gobierno pretenda la aprobación de un proyecto de reforma laboral que no se platicó con el Poder Legislativo, a pesar de que se trata de un tema urgente.

Antes, Lozano llamó la atención sobre la importancia de que se discuta el proyecto presentado por el PAN en la Cámara de Diputados, a fin de lograr para el país el nivel de competitividad y productividad que requiere para subsanar los rezagos e inequidades persistentes, entre otras, la situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres, los grupos vulnerables y los jóvenes.

La modificación del marco legal, explicó, permitiría al país mejorar su posición a escala internacional en el ámbito de eficiencia laboral.

Cada día que pasa sin que se discuta el proyecto la nación pierde competitividad, capacidad para generar empleos y mejorar los salarios. Ésta es una iniciativa como cualquiera, y se presenta para su discusión y aprobación, lo que está muy lejos de ser una imposición, respondió Lozano al priísta.