Erica y Vladimir en el Valle de San Joaquín
San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca
Modelo de ingeniería de conflictos
El 18 de junio como a las 18:30 hrs llegó el presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera en compañía de la constructora SECCO para extraer material pétreo a la altura del río El Lavadero ubicado en la agencia de el Cuajilote, municipio de San José del Progreso.
Varios habitantes llegaron al lugar y los invitaron a retirarse debido a que hay un acuerdo de asamblea que a la letra dice que el material pétreo, “que se obtiene de los ríos o arroyos sólo puede ser para consumo de los habitantes de la comunidad”. Según innumerables testimonios, los seguidores de Oscar Venancio Martínez agredieron a pedradas a los comisionados de la agencia municipal. La propia Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán remarcó que “los guardaespaldas del ahora extinto dispararon sus armas a quema ropa en contra de nuestros compañeros, lesionando a 4 de nosotros y fueron las balas de sus mismos pistoleros las que le arrancaron la vida a Oscar Venancio Martínez, y al regidor de salud”.
De acuerdo al boletín de La Coordinadora “los priístas, que son un grupo minoritario de religión protestante se movilizaron, secuestrando y torturando al párroco Martin Octavio, quien se dirigía a la población por la entrada principal a oficiar una celebración eucarística; lo bajaron de la unidad de motor en que viajaba, trasladándolo con lujo de violencia.”
Pocas horas después los cuerpos de seguridad de Oaxaca detuvieron a por lo menos ocho habitantes de la comunidad “culpándolos del asesinato del persidente municipal”. La Coordinadora insistía: “La situación de los compañeros detenidos y del párroco es preocupante, ya que como es característico en las instancias de procuración de justicia del estado, les están prefabricando los hechos y delitos, y no han permitido a nuestros detenidos y a los abogados el desahogo de pruebas, además que sin terminar de integrar la averiguación el día de hoy lunes 21 los van a consignar.
El 21 de junio, el Consejo de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) calificó de “injustificable” que en un contexto donde las autoridades y las transnacionales no respetan las decisiones de San José del Progreso ocurran asesinatos y detengan a varios pobladores inocentes, acusándolos del crimen, “incluido Martín Octavio García Ortiz, párroco de la localidad quien ha apoyado el diálogo para la solución justa y pacífica del conflicto. Resulta además incomprensible que el conflicto escalara justo en el momento en que estaban por iniciarse las mesas de diálogo entre los opositores a la mina y el gobierno, por lo que los opositores a la operación de la mina eran los menos interesados en la confrontación y mucho menos en ‘preparar una emboscada’ como afirma la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca. ¿A quién beneficia este escenario de descomposición y confrontación?”
Y el comunicado prosigue: “En el contexto actual de descomposición política, social y ambiental que reina por todo el país, las autoridades locales de San José del Progreso, las del estado de Oaxaca y el gobierno federal, han propiciado la división interna en la comunidad lo mismo con fines electorales que con el objetivo de favorecer a la transnacional minera canadiense Fortuna Silver. Para nadie es desconocido el hecho de que empresas como esa impulsan sus proyectos extractivos en todo el mundo y en México, por medio del diseño de una ‘ingeniería de conflicto’, en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, como lo han demostrado ya los ejemplos de San Juan Copala, Calpulalpan, Santa María Zaniza y Loxichas, en Oaxaca, así como Chicomuselo, Chiapas y Cerro de San Pedro, San Luis Potosí”.
Para la ANAA “es preciso detener ahora mismo la ola de violencia que amenaza la seguridad de la comunidad de San José del Progreso y del conjunto de comunidades de Oaxaca afectadas por la minería”. La anaa considera que “debe respetarse el derecho de las comunidades locales sobre sus tierras y sus aguas. La operación de la empresa minera Cuzcatlán dejará en las comunidades un saldo de confrontación, enfermedad y muerte”.
Por su parte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios emitó también un comunicado donde enfatizó que “la defensa de los recursos naturales constituye una labor fundamental frente a los constantes saqueos que se realizan a diario en diferentes partes del estado, del país y del mundo; en la medida que estas actividades no obtengan de parte de las instituciones gubernamentales una atención debida, se abona a la generación de un clima de violencia que deriva en muchas ocasiones en enfrentamientos. Que la criminalización del movimiento social organizado es un mecanismo para desviar las diversas solicitudes de la propia comunidad de atención al problema de la explotación del oro y plata por parte de la minera Cuzcatlán, anteponiéndose incluso al respeto de los derechos humanos”.
El Colectivo manifestó su preocupación por la falta de capacidad de las instituciones encargadas de procurar la justicia para conducirse de acuerdo a los estándares internacionales que marcan la pauta para garantizar un debido proceso, “ya que han privilegiado la interpretación aislada de diversos elementos que en nada ayudan al conocimiento de la verdad, sino por el contrario, han actuado primero deteniendo de manera arbitraria a varias personas”.
San José del Progreso ejemplifica el modo en que los aparatos de guerra de baja intensidad en México fabrican conflictos para favorecer la operación de los proyectos de minería, como ocurre en muchas partes del mundo (pregunten en la República Democrática del Congo donde sigue siniestra la guerra más letal de los últimos quince años). El método es conocido: promover que las autoridades asuman el bando de la corporación; desmantelar los mecanismos de consulta previa informada; impulsar la división en la comunidad; incubar el descontento de algunos cuantos y armarlos para promover violencia contra la comunidad en resistencia; buscar el mejor momento para montar una provocación y estar listos para asesinar incluso a sus propios correligionarios para que la comunidad en resistencia quede fragilizada, llena de acusaciones e incluso con gente en la cárcel. Que todo parezca un conflicto interno, provocado por los odios partidistas o las inquinas religiosas “propios de las comunidades” .
En San José, por lo pronto, las tácticas de la ingeniería del conflicto intentan confundir a la opinión pública, alimentar la violencia en la región, meter gente inocente a la cárcel, mostrar como rabiosos a los habitantes de una comunidad que iniciaba el diálogo con instituciones y corporaciones. Intentan disuadir la próxima reunión de la ANAA que se llevará a cabo en esa localidad en septiembre. Sesione donde sesione la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, logrará ser, como hasta ahora, un espacio desde donde se piensan las luchas más profundas, a nivel local, contra la devastación capitalista incluida la minería, la privatización del agua, la urbanización salvaje y los derechos de las comunidades a defender su territorio.