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Presentarán ante la CIDH queja contra ministros de la Suprema Corte, anuncia Esparza

Ratificarán electricistas demanda de salarios caídos y admisión en CFE, patrón sustituto

El obispo Vera advierte que se pretende otorgar al Presidente carácter de figura dictatorial

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Campamento del SME instalado en el Zócalo, donde se cumplió el día 74 de la huelga de hambre de 23 trabajadoresFoto José Carlo González
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de julio de 2010, p. 13

Los abogados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ratificarán en los próximos días el recurso presentado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contra el despido injustificado y en demanda del pago de salarios caídos y de la aplicación de la figura de patrón sustituto para los 16 mil 325 trabajadores que no han aceptado la liquidación, señaló el líder del gremio, Martín Esparza Flores.

Existen otras 12 mil demandas individuales presentadas ante tribunales laborales por ex trabajadores que ya fueron liquidados y exigen su incorporación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Además, 780 empleados de confianza emprendieron por su cuenta juicios en los que reclaman ser colocados en la paraestatal.

Son 30 mil las demandas individuales y colectivas presentadas por los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por reinstalación en la CFE (en su calidad de patrón sustituto), que deberán resolver los tribunales, sostuvo Esparza en conferencia de prensa en el campamento del Zócalo.

Como decretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora la JFCA tendrá que resolver las impugnaciones laborales, apuntó.

Sin embargo, ese proceso legal ya se había iniciado en octubre del año pasado ante la Junta Especial número cinco –el cual se encuentra sub judice, es decir, pendiente de resolución en torno a la sustitución patronal–, por lo que no será necesario interponer un nuevo recurso, sino únicamente ampliarlo, entregar más pruebas y actualizarlo, indicó Esparza.

Respecto de lo señalado por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, de que no procede la figura del patrón sustituto para los trabajadores de LFC, dijo que otra vez el funcionario quiere dar línea a los tribunales en la materia, pero la Corte ya resolvió que los electricistas no van a perder sus derechos laborales.

En el campamento –donde se cumplió el día 74 de la huelga de hambre de 23 trabajadores–, Esparza comentó que con los abogados Raúl Carrancá y Néstor de Buen se acordó la presentación de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la actuación de los ministros de la SCJN, así como promover un juicio político contra ellos, porque su resolución sienta precedente para que el presidente de la República pueda desaparecer en cualquier momento y a su voluntad dependencias públicas.

Añadió que la próxima semana quedará sin toma de nota la mitad del comité central que sí la tenía.

Explicó que ante la imposibilidad de llevar a cabo elecciones, el próximo lunes se realizará una asamblea general extraordinaria, en la que serán ratificados los integrantes de esa mitad del comité central. El 14 de julio se les tomará la protesta, todo conforme a estatutos y ante notario público, afirmó.

Obispo visita a huelguistas

Con la finalidad de dar una palabra de respaldo a los electricistas en huelga de hambre y repudiar el fallo de la SCJN, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, los visitó ayer y les dijo que pese a la terrible determinación del máximo tribunal del país, que pareciera el tiro de gracia al SME, no deben perder la esperanza.

El prelado consideró que la determinación de los ministros va en la línea de rendirle culto al Ejecutivo, así como de otorgarle el estatus de figura dictatorial, y consideró que la extinción de LFC vía decreto no fue legal, pues tenía que haber pasado por el Congreso y no debía ser una decisión unilateral de la Presidencia.

Vera López, quien durante muchos años estuvo al frente del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, señaló que situaciones como ésta son fruto de la política económica actual y de la forma en que se violentan los derechos de los asalariados y se precariza el trabajo.