El parque Reforma Social, localizado en la delegación Miguel Hidalgo, se convirtió en trinchera de vecinos de la colonia del mismo nombre que se organizan para su defensa. Desde hace 33 años es utilizado como espacio de esparcimiento de familias, y ahora se enteraron de que pasará a manos de un particular.

Desde hace tres semanas los habitantes de Reforma Social empezaron a organizarse para evitar que el parque desaparezca. Ayer desde temprano instalaron una mesa permanente para informar a los habitantes que se encuentran en riesgo de perder al área.

Mencionaron que existe un rumor sobre un presunto proyecto inmobiliario que se pretende desarrollar, por ello integraron las brigadas de vigilancia y mantenimiento para estar alertas.

Durante una asamblea que los residentes sostuvieron con el jefe delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, representantes de la Consejería Jurídica y del Gobierno del Distrito Federal, se informó que el terreno tiene dueño; legalmente pertenece a un particular.

Los informes de ambas autoridades detallan que no existen opciones legales para que el terreno siga con la comunidad y se abrió la posibilidad de que en cualquier momento los propietarios pueden ocupar el terreno.

La información generó descontento y enojo en los vecinos que se resisten a perder el espacio; por ello este miércoles acudirán a otras instancias. Asimismo se asesoran para saber cuáles son las posibles opciones que pueden argumentar para que el parque Reforma Social permanezca como sitio de esparcimiento.

Como resultado del encuentro se acordaron cuatro puntos con el gobierno encabezado por Demetrio Sodi, quien manifestó su apoyo a los habitantes y resaltó que la vía a seguir será política, porque la delegación no puede pasar por encima de una autoridad superior.

Los puntos acordados son el compromiso de no autorizar construcciones, integrar una mesa de trabajo en la que participen representantes de la colonia, de la conserjería y la delegación para analizar el proceso jurídico.

El gobierno de Miguel Hidalgo se compromete a realizar un análisis de factibilidad jurídica para solicitar la expropiación del parque, reconoce a los colonos como usuarios legítimos y se compromete a no usar la fuerza publica.