En los sexenios panistas se han disparado los casos de demandas por daño moral interpuestas por funcionarios y servidores públicos que son cuestionados en investigaciones periodísticas, aseguró Perla Gómez Gallardo, abogada y catedrática de la UNAM.

Entrevistada durante el taller Derechos y Responsabilidades de los Periodistas, la también investigadora de la UAM indicó que ésta es una vía indirecta, muy sutil, y no violenta como un asesinato, pero sí efectiva de atacar la libertad de expresión al lograr el objetivo de callar al periodista.

Gómez Gallardo, quien ha defendido a varios periodistas por estas razones, precisó que dichas demandas buscan impedir el escrutinio y la crítica y detonar la autocensura al no permitir que un periodista difunda información de interés público, por ejemplo sobre casos de corrupción o negligencia de autoridades.

Abundó que los juicios están procediendo, al grado que se está llegando a las últimas instancias de apelación porque en las primeras los jueces por ignorancia o falta de capacitación no emiten los fallos que se esperaría.

Manifestó que son dos las posibilidades que se tienen para frenar la ocurrencia de estas demandas. Una es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual han llegado casos, por lo que se espera que pueda sentar jurisprudencia, y la otra es la actualización y eliminación de los delitos contra el honor existentes en muchos códigos penales, así como la actualización de las leyes civiles.

La abogada dijo que hay acusaciones en materia civil y en la penal. En la primera está el daño moral, el cual es definido por los códigos civiles como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí mismo tienen los demás.