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El Consejo de la Judicatura resolvió en 2005 que los fallos tendrían que subirse a la web

Gran parte de los 600 juzgadores del país deciden no hacer públicas las sentencias

El acuerdo 68/2004 busca fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información

 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de junio de 2010, p. 23

Desde hace cinco años, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) resolvió en su acuerdo 68/2004 que cualquier sentencia de un asunto relevante resuelto de manera definitiva e inatacable por algún juzgado o tribunal debía publicarse por Internet, con el propósito de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales y para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, según refiere dicho acuerdo al que tuvo acceso La Jornada.

Pero, en los hechos, muy pocos magistrados y jueces han cumplido esa disposición. Las estadísticas oficiales demuestran que la mayoría de juzgadores han optado por no hacer públicas sus sentencias, sobre todo a partir del principio de que cada juez tiene la facultad de decidir en qué momento tiene frente a sí una sentencia que deriva de un asunto relevante.

De diciembre de 2004 a diciembre de 2009, según refleja el resultado de una estadística del CJF relativa a la base de datos de las sentencias ejecutoriadas y resoluciones públicas relevantes generadas por los tribunales de circuito y juzgados de distrito, los juzgadores federales han transparentado 926 fallos definitivos.

Se trata de una cantidad ínfima de sentencias públicas, sobre todo si se toma en cuenta que en el país hay más de 700 órganos jurisdiccionales a nivel federal, y que en promedio cada juzgado o tribunal resuelve alrededor de mil resoluciones por año.

Esta cifra estadística sobre la falta de transparencia en el Poder Judicial Federal (PJF) se puede consultar en el informe que en enero pasado rindió la secretaría ejecutiva de vigilancia, información y evaluación del CJF, que encabeza la magistrada Lilia Mónica López Benítez.

En ese documento también se puede apreciar que de más de 600 juzgadores federales que hay en el país encargados de desahogar juicios civiles, administrativos, penales, laborales y en materia de amparo, sólo 156 magistrados de circuito y 40 jueces de distrito mandaron al menos una sentencia para su publicación en la página de Internet del CJF. 

De todos los juzgadores con que cuenta el PJF, en materia de transparencia destacó el magistrado de circuito Jean Claude Andre Tron Petit, con 180 sentencias que pudieron consultarse de manera pública en los cinco años recientes, seguido por 15 de sus compañeros que apenas enviaron a Internet entre 12 y 26 resoluciones en ese periodo.

Desde su ingreso como secretario de acuerdos, en 1981, y después como juez federal, Tron Petit ha tenido un claro desempeño profesional.

El 23 de mayo de 2004, al participar en el foro La reforma del Estado y del Distrito Federal, organizado por la Comisión del Distrito Federal del Senado, el magistrado del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa aseguró que la transparencia que el Poder Judicial requiere sólo se logrará si los tribunales se abren a la sociedad con mecanismos de control a cargo de los ciudadanos.

Ese día, el magistrado que encabeza la lista de tribunales que han publicado resoluciones definitivas expresó que “los poderes judiciales (federal y estatal) necesitamos ser más conocidos, exponernos más a la sociedad. Es una época de apertura y vemos que los seres humanos no podemos ser intachables.

Necesitamos de ciertos instrumentos de control que nos orienten en los cambios, y la transparencia es un gran elemento para que cualquier persona que detente poder o ejerza un acto de autoridad reciba esta retroalimentación, expuso Tron Petit, quien calificó al Poder Judicial como caja negra que se debe abrir para descubrir los resultados que puede dar.

Los efectos de la transparencia son muchos y se ha destacado el tema de la independencia, ya que la transparencia judicial nos llevaría a una mayor confianza, señaló.

Ésa es la fuerza necesaria para que pueda haber mayores inversiones y mayor desarrollo en el país; esa seguridad jurídica es la pauta para una mayor seguridad financiera, expuso Tron Petit en aquella ocasión.

En la actualidad, cuando un litigio es resuelto por algún juzgador del PJF, antes de que la sentencia pueda subirse a Internet para una consulta pública tiene que pasar por una serie de filtros internos. El primero es el que se pone el propio juez, quien decide cuál de sus casos resueltos debe ser considerado asunto relevante. Un segundo filtro es el que impone el CJF por conducto de su departamento de comunicación social, que es donde se determina, con la supervisión de los consejeros de la Judicatura, qué asuntos deben ser publicados en Internet.

De esta forma, que un juez o magistrado envíe una sentencia al CJF para su publicación no garantiza que la resolución se hará pública, pues la decisión final la tienen los siete consejeros y los funcionarios de comunicación social de ese órgano administrativo y disciplinario del PJF.