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Hasta ahora, ningún consignado por presuntos actos intencionados

Denuncias sobre incidentes en el servicio eléctrico no quedarán en el papel: SG
 
Periódico La Jornada
Domingo 6 de junio de 2010, p. 9

Durante los casi ocho meses que han transcurrido desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno federal reporta 559 incidentes de interrupción en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país, incluidos casos de sabotaje y vandalismo. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido consignado por estos presuntos actos intencionados, cuya investigación ahora está a cargo del Centro de Atención y Reacción Inmediata (CARI).

No se conoce dónde está ese centro ni las características del personal que lo integra. Parte de la información para detectar presuntos ilícitos se basa en las llamadas que puede hacer cualquier persona al 071, línea de atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde el 11 de octubre de 2009, fecha del decreto presidencial que dio por liquidada LFC, no han sido difundidas pruebas del supuesto sabotaje –videos, fotografías, artefactos–; sólo ha habido declaraciones de funcionarios acerca de los hechos, en los que hablan de actos intencionados, especialmente nocturnos, a cargo de personal especializado, sobre todo en el Centro Histórico de la capital, donde el suministro es mediante cables subterráneos, en cuyas bóvedas hay cargas de 23 mil voltios.

Que nos presenten las herramientas con las que supuestamente se cortó el suministro en las bóvedas subterráneas, pero también que nos presenten a los muertos, porque no es posible suspender el servicio sin realizar previamente los cortes de alimentación de energía de más de 23 mil voltios, han señalado integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que operaban esta área antes del decreto de extinción del organismo relevado por la CFE y sus contratistas.

La Secretaría de Gobernación (SG) funge como instancia coordinadora del CARI, en el cual además participan dependencias del estado de México y el Distrito Federal, así como agentes de la Procuraduría General de la República y personal de la CFE.

Roberto Gil, subsecretario de Gobierno de la SG y uno de los funcionarios de alto nivel coordinadores del CARI, afirma que las averiguaciones previas que se integran por los presuntos ilícitos en referencia no se quedarán en un pedazo de papel, sino derivarán en consignaciones de los responsables. Rechaza que exista opacidad en la información respecto a este tema aunque, explica, el centro requiere de cierta secrecía para que nada obstaculice su función.

El Ministerio Público está haciendo su trabajo, las investigaciones; se van a ejercitar las acciones penales y se harán las detenciones cuando se tengan todos los elementos necesarios para poder sostener ante los órganos jurisdiccionales una imputación contra personas concretas. Gobernación no puede hacer anticipos, eso forma parte de una investigación ministerial, dijo el funcionario en entrevista.

El CARI fue instalado el 14 de mayo pasado y, desde entonces, ha recibido 18 reportes (último corte disponible, al lunes pasado) de fallas no técnicas.

Recibe informes de distintas áreas o dependencias, de datos que se obtuvieron en campo, pero fundamentalmente se derivaron de reportes del 071, con base en las cuales se detona todo el despliegue, comenta el subsecretario.

Según el gobierno federal, lo que han encontrado son hechos que derivan en interrupciones al servicio de energía eléctrica y daños al equipamiento que tienen que ver con vandalismo.

Esta nueva instancia incluye una base física, sistemas de información y un grupo encargado de monitorear las contingencias. El objetivo final es operar un despliegue institucional para restaurar el servicio de electricidad de manera eficaz e inmediata

–De estos 559 incidentes, ¿se tiene algún balance de detenidos, de los supuestos saboteadores, o sólo son casos que están por ahí en algún papel de una averiguación previa?

–Todos los incidentes forman parte de diversas averiguaciones previas. No son, como dice, incidentes que van a quedar en pedazos de papel; se van a hacer las investigaciones necesarias, se llevará a la justicia, cuando comprobemos quiénes son los responsables, como resultado de un trabajo de investigación cuidadoso, diligente y, sobre todo, con respeto de las garantías individuales.