un año de la muerte aterradora de los niños de la guardería ABC en Hermosillo, hubo reunión a puerta cerrada en Los Pinos: conmiseración del poder y compromiso de formalizar el duelo nacional que algunos desesperados demandaron hace meses. Todavía reclaman justicia. Los padres de esos 49 niños quemados en una bodega habilitada como guardería, nos han dado una lección de valor civil, de dignidad, de indignación que no cede ante la impunidad que padece esta República nuestra.

A puerta cerrada. Por invitación, a la que seguramente agregaron un palaciego RSVP. No todos fueron llamados. Y se impuso en el ágora electrónica la imagen de un joven padre de una de esas criaturas muertas por incuria criminal; uno que no fue invitado, que llegó hasta las cercas que separan a los mexicanos del común de la residencia del titular del Poder Ejecutivo. ¡No puede pasar! Y se acabó. Pero el hombre que vino desde Sonora lleva 12 meses de peregrinar sin más armas que la dignidad y la pena que lo acompañará el resto de sus días. Insistió. Y los mexicanos vimos la escena del ceñudo cancerbero que recibe la carta de uno de sus mandantes para el mandatario. Atrás de las rejas. Bastante favor le hacen con recibirle sus papeles a quien llega sin haber sido invitado.

A puerta cerrada dijeron lo que dijeron y nada informaron los voceros habitualmente ansiosos de llevar la voz de su amo urbi et orbi. Afuera, el sonorense volvió a narrar la angustia de la larga, ciega, desesperada búsqueda de las criaturas que habían dejado al cuidado de una institución de seguridad social, del estado, gobierno, patrones y trabajadores que como ellos pagan sus cuotas al IMSS: no era un servicio gratuito; no era un acto de caridad: es un derecho de los trabajadores, sobre todo de las mujeres trabajadoras aseguradas. La hijita del no invitado a Los Pinos traía identificación en la ropa y el cuerpo. Y nadie podía decirles dónde estaba: a destiempo sabríamos que nada decían a los padres para ocultar la gravedad de la tragedia, para montar el engaño habitual: ¡Aquí no ha pasado nada!

Encontró a su niña muerta. Y tiene todavía la serenidad de expresar respeto y admiración por algunas trabajadoras de la ABC; de una maestra que logró sacar a todos los niños a su cargo de una bodega en la que no había salida de emergencia. Una maestra que sacó a sus niños, mientras otra criatura, hija suya, perecía en el fuego y entre el espeso humo negro del plástico que caía sobre los niños como lava ardiente. ¡Carajo! Todavía veo al cancerbero ceñudo que cumplía su deber y no dejaba pasar al padre que no fue invitado a la reunión a puerta cerrada. Cuarenta y nueve criaturas muertas, 77 sobreviven con quemaduras graves, con afecciones respiratorias, con la pesadilla a cuestas.

Se trata de la subrogación del sistema de guarderías, del método aplicado alegremente por burócratas encumbrados y tecnócratas embriagados por el capitalismo sin capital, adoradores del mercado que desprecian el estatismo, de hecho al Estado mismo, y juran que la empresa privada puede hacer cualquier cosa mejor que la pública; que el ámbito privado es blanco y celeste como Margarita sin par. El IMSS otorga a las empresas la operación del servicio de guarderías; bien pagado, desde luego. Y los amigos, parientes, socios, compadres, allegados y cómplices suplieron al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y los padres, como los de Hermosillo, que no recibían nada gratuitamente, que no eran menesterosos a quienes se atendía por caridad, confiaban en la institución, confiaban en el gobierno, confiaban en la solidaridad, en la condición humana.

En una bodega, junto a otra donde el gobierno de Sonora acumulaba papeles. Guardería sin medida alguna de seguridad. Cuando estalló el incendio, un joven que pasaba por ahí tuvo la decisión de lanzar su camioneta contra las paredes de la bodega. Por ese agujero salieron con vida muchos, por ahí sacaron a los muertitos, a los que murieron en los hospitales. Y el mundo entero supo que los influyentes amigos y colaboradores del gobernador Eduardo Bours eran los contratistas del servicio subrogado. Entre ellos, una pariente de la esposa de Felipe Calderón Hinojosa. Bours, el del PRI, perdió la elección y se fue a contar los huevos por incubar: duermo como un niño, dicen que dijo el oligarca de la burguesía rural que, según sus allegados, no usa el apellido Robinson porque es nombre de negros.

Imposible esconder la miseria humana, el desprecio por la vida de los niños, de sus madres y padres trabajadores. Éstos llevaron hasta la Suprema Corte su reclamo de justicia. Los togados designaron una comisión investigadora de los hechos acontecidos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. El 26 de febrero de este año rindió su informe: una larga relación de los responsables de acciones u omisiones que condujeron a la tragedia, al crimen. El jueves pasado, a un año casi del incendio, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea entregó al pleno de la Corte el proyecto de dictamen en el que responsabiliza a Juan Molinar Horcasitas, quien fuera director del IMSS y es hoy secretario de Comunicaciones y Transportes; a Daniel Karam Toumeh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social; a Eduardo Bours Castelo, ex gobernador de Sonora.

Bours y el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, son responsables de omisiones que provocaron la falla del Sistema Estatal de Protección Civil y la burda inefectividad mostrada al no detectar la acumulación de riesgos, la bomba de tiempo en las instalaciones. Molinar Horcasitas, dice el dictamen, es responsable del desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías subrogadas. Y Daniel Karam, el de la comparecencia ante el Congreso con un silencio vergonzoso como máscara mortuoria bajo un montón de cifras y datos inconexos, es responsable de la deficiente atención médica a las víctimas y de lo sucedido después del incendio, porque asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección del IMSS.

Según el dictamen: Puede decirse que los directores del instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales de implementar políticas efectivas que impidieran las violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guarderías subrogadas.

Los padres iban y venían, buscaban en hospitales y clínicas a sus criaturas. Las autoridades y los operadores privados pretendían ocultar lo inocultable y alargaron el tormento de los padres. ¡Carajo! Daniel Karam, el de la documentación desparramada en su comparecencia, durante varios días dio cifras erróneas sobre el número de niños fallecidos y lesionados y no informó a los padres acerca del hospital al que fueron llevados muchos menores ese día. Debió poner a disposición de los padres todos los medios del IMSS, pero también buscar recursos externos, a fin de garantizar una mejor recuperación de los menores. No lo hizo.

Duelo nacional, se dijo a puerta cerrada. Afuera, sin invitación, uno de los padres dijo sin que le temblara la voz: el gobierno está matando niños a través de negociantes privados.

La Corte discutirá el proyecto en el pleno, el dictamen no es vinculante; tiene consecuencias éticas y de legitimidad, nos dicen. La violencia cobra víctimas en todo el país. El estado de derecho podría reducirse a cenizas en los rescoldos de Hermosillo.