uego de la aprobación, el pasado domingo, de un plan de rescate financiero para Grecia que rondará los 110 mil millones de euros, aportados por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales bolsas de valores europeas sufrieron severas caídas ayer, ante el temor de que la crisis de esa nación mediterránea se extienda a otros países del viejo continente, en particular a España y Portugal. En el hemisferio occidental, estos desplomes se reprodujeron en las bolsas de Nueva York, que acusó su peor caída en tres meses; Brasil, cuyo principal indicador sufrió una baja de 3.48 por ciento, y México, que cerró actividades con una pérdida de 2.17 puntos porcentuales. En tanto, en Atenas, empleados públicos griegos iniciaron un paro de 48 horas que –según afirman– será el preludio de una huelga general en protesta por el plan de austeridad impuesto por el primer ministro Georgios Papandreu, el cual incluye, entre otras medidas, la reducción de salarios de los empleados públicos y su congelamiento por tres años; la disminución en los montos de pensiones y jubilaciones, así como el aumento de 3 por ciento en el IVA.
El colapso financiero que enfrenta actualmente Grecia –cuya deuda externa equivale a 113 por ciento de su producto interno bruto–, así como los crecientes temores de un contagio a otras economías de Europa y del mundo, lleva a recordar la persistencia de los riesgos y las malas prácticas que desembocaron en los descalabros económicos, bursátiles y financieros ocurridos desde finales de 2008.
En efecto, la crisis económica mundial aún en curso, que evidenció los desastrosos resultados del libertinaje de mercado y el descontrol especulativo, habría tenido que derivar en una reforma mundial del capitalismo y en la introducción de elementos de racionalidad y regulación en el sistema financiero internacional. Sin embargo, los gobiernos han sido incapaces hasta ahora de llevar a cabo tales modificaciones y, ante la persistencia de las turbulencias financieras y económicas, se han concentrando en aplicar paliativos, como el multimillonario plan de rescate mencionado. Tales soluciones parciales e insuficientes conllevan una cuota inaceptable de sacrificio para los sectores mayoritarios de la población: baste señalar, como botón de muestra, el caso de nuestro país, donde la aplicación de este tipo de medidas ha traído como consecuencias un grave aumento de la pobreza, una pérdida neta de empleos y una severa caída del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores mayoritarios.
Por su parte, los grandes capitales financieros se muestran renuentes a abandonar las conductas indebidas que hundieron al mundo en la peor crisis económica en décadas, y se empeñan en salir indemnes de las consecuencias de su propia voracidad, como demuestra la embestida de la banca estadunidense en contra del proyecto de reforma financiera elaborado por el gobierno de Barack Obama.
En la medida en que los paquetes de ayuda económica a naciones en apuros no sean acompañados de una reformulación profunda del modelo económico vigente y de la aplicación de las regulaciones necesarias en materia financiera, dichas acciones seguirán siendo percibidas por la opinión pública internacional como formas de financiar la torpeza, la desmesura y la avaricia de las elites financieras internacionales, y como un castigo por demás injusto para las poblaciones.
En la hora presente, los gobiernos tienen ante sí el desafío de enfrentar inercias y paradigmas que han prevalecido en décadas recientes y de reorientar sus prioridades hacia las personas, no hacia los capitales: esto último es particularmente necesario no sólo por consideraciones éticas y humanitarias, sino también porque de ello depende, en buena medida, la preservación de la estabilidad política, la gobernabilidad y la paz social.
