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Son medidas populistas e insuficientes, sostiene la oposición

Prórroga fiscal, ayuda de Calderón a los damnificados de BC y Sonora
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de abril de 2010, p. 33

Dos semanas después de que la Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo a dar apoyo urgente a los damnificados de las ciudades de Mexicali y San Luis Río Colorado por el temblor ocurrido el 4 de abril, el presidente Felipe Calderón presentó ante los medios de comunicación un paquete de medidas fiscales y económicas que legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del

Trabajo (PT) calificaron de populistas e insuficientes.

Sin dar a conocer el número de beneficiados ni el monto de los recursos, el michoacano firmó el decreto que beneficiará sobre todo a quienes pagan impuestos, a empresarios y a empleados que tienen algún crédito de vivienda.

Calderón hizo el anuncio en la residencia oficial de Los Pinos, rodeado de los gobernadores de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y de Sonora, Guillermo Padrés; del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y varios funcionarios más que no tomaron la palabra, en un escenario montado con mamparas.

Informó que las personas físicas podrán presentar su declaración anual 2009 del impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU) en julio. Además se permitirá que estos gravámenes se paguen en seis parcialidades iguales y sucesivas sin recargos.

Las mismas facilidades se otorgarán a personas físicas y morales para hacer pagos provisionales de ISR y IETU correspondientes a marzo y abril de 2010.

A los trabajadores cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo y tienen empleo formal se les otorgará un periodo de gracia de cuatro meses para el pago de su préstamo sin capitalización de intereses.

También se cancelarán y no se emprenderán nuevas acciones de fiscalización a empresarios hasta el 18 de mayo de 2010 y se extenderán hasta esa fecha las acciones del procedimiento administrativo de ejecución. Los deudores podrán pagar a plazos las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondientes a marzo, abril y mayo.

Diputados de PRI, PRD y PT cuestionaron que Calderón se limitara a aplazar el pago de impuestos a contribuyentes afectados por el sismo, cuando lo que se requiere, indicaron, es una exención y que libere los recursos de los fondos de emergencia.

Es otra de las medidas populistas del Presidente. El gobierno federal tiene suficiente dinero, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Social, para resolver este tipo de emergencias, afirmó César Augusto Santiago, del PRI.

Los daños a la economía regional, dijo, deben ser motivo de una preocupación más seria de Calderón y la Secretaría de Hacienda. Los fondos de emergencia deben entrar en operación, como lo hemos pedido, y gastarse en cosas útiles, en lugar de anunciar paliativos sin sentido, declaró.

El coordinador de los diputados del PT, Pedro Vázquez González, dijo que el anuncio en Los Pinos fue una medida mediática. Debería considerarse la condonación de impuestos por situaciones de excepción. El pago en plazos sólo pospone la deuda y no beneficia a nadie.

Refirió que muchas empresas en la zona afectada por el sismo están en crisis, y dos meses de gracia en el pago de los impuestos no las ayudarán. Calderón debe aplicar, con criterio y serio y responsable, la exención a personas físicas y morales que, producto de una contingencia natural, se verán impedidas de pagar los impuestos, expuso.

El diputado Mauricio Toledo (PRD) comentó que lo humanamente correcto sería que el decreto de Calderón exentara de impuestos a los contribuyentes cumplidos. “Sobre todo porque el gobierno federal ha presumido que este año el crecimiento económico será superior a sus expectativas, debido, entre otras razones, a que se espera un repunte en los ingresos tributarios.

La Cámara de Diputados ha dado al Ejecutivo suficientes instrumentos de recaudación, y difícilmente condonar impuestos a los afectados por el terremoto afectaría los ingresos. Si tenía dudas sobre el impacto financiero, bien pudo pedir una opinión al Legislativo, expresó.