El subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez Espinosa, reconoció que ante la insuficiencia presupuestal para garantizar una cobertura universal en bachillerato, impulsará una revisión escrupulosa del gasto por alumno, a fin de establecer criterios claros y objetivos para garantizar que en el país se aplique un promedio nacional de inversión pública estimado en 20 mil pesos por estudiante.

En entrevista con La Jornada, destacó que no es razonable que en dos entidades, e incluso en un mismo estado, un alumno signifique un esfuerzo presupuestal de un tamaño, y en otra localidad, uno significativamente distinto, pues se presentan diferencias enormes. Si un subsistema es mucho más económico que otro, o más rentable para ampliar la cobertura, por supuesto que tenemos que apostar por ese.

El funcionario panista, quien hasta mediados de enero pasado se desempañaba como secretario de Educación en Jalisco, reconoció que en México existe una enorme disparidad en el costo por alumno en media superior. Necesitamos hacer una análisis entidad por entidad para tomar decisiones concretas.

–¿Qué tipo de criterios se aplicarán para establecer un financiamiento equitativo?

–Aspectos como cobertura, condiciones de marginalidad y equidad en la atención a grupos vulnerables, pero también de pertinencia. En educación tecnológica debe medirse con criterios de empleabilidad, de salario y en la evolución del egresado en la empresa donde trabaje. Por eso vamos a exigir mayor eficiencia en la inversión.

–¿Esta visión está vinculada con su propuesta para fortalecer un sistema de formación para el trabajo?

–En todo el país tenemos experiencias exitosas de vinculación de sectores productivos regionales y educación tecnológica. A partir de este esfuerzo, se acredita que lo eficaz para garantizar a los jóvenes su empleabilidad, no sólo su formación académica, porque el bachillerato coincide cronológicamente con la incorporación a la población económicamente activa, es una mejor articulación entre política económica, educativa y sectores empresariales.

–¿Qué acciones emprenderá para impulsar la calidad en la educación media superior?

–En el caso de matemáticas se aplicará un curso propedéutico, previo al inicio del próximo ciclo escolar, a fin de garantizar que todos los alumnos de primer semestre inscritos en planteles federales puedan asistir. Estimamos que serán 200 mil alumnos. En el caso de comprensión de lectura se fomentarán acciones extracurriculares como concursos literarios, club de lectores, obras de teatro y actos culturales.

–¿Cuál será la estrategia para enfrentar retos como el de Ciudad Juárez?

–La Encuesta Nacional de Adicciones revela que el consumo de drogas se inicia a partir de los 13 o 14 años, que es la edad en que se debe cursar la secundaria, y más tarde el bachillerato.

–¿Cuál es su diagnóstico?

–Es un tema que nos preocupa, pero tiene una respuesta pertinente e institucional desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es el programa ConstruyeT, el cual está vinculado a una educación por la paz, el diálogo, la tolerancia, la orientación vocacional y, por supuesto, la prevención de adicciones.

–¿Un solo programa puede contender con los riesgos de violencia que enfrentan miles de jóvenes en bachillerato?

–Son temas que trascienden los muros de la escuela. La respuesta modélica que se está construyendo el gobierno federal en Ciudad Juárez no se agota en lo educativo. Hay otras instituciones y dependencias federales de cultura, salud, deporte y, por supuesto, todo el gabinete de seguridad, para que la respuesta que acabe de perfilarse con la sociedad juarense corresponda a una visión integral.

–¿Tiene un diagnóstico sobre las condiciones de inseguridad y violencia que enfrentan los planteles de bachillerato en el país?

–No es total. A diferencia de educación básica, donde hay una administración centralizada de la educación por las entidades y regulada por la Federación, en el caso de la media superior la información es más difícil de construir por la multiciplidad de subsistemas, pero no son diferentes de las instituciones básica; ahí donde hay un entorno de violencia, ahí también sufren afectación nuestros planteles.