Laicidad y educación María Elena Hope El jueves 4 de febrero la Cámara de Diputados aprobó en comisiones añadir en la Constitución que el Estado tiene carácter laico. Se trata de una reforma que el pan y muchos ciudadanos caracterizan de antirreligiosa, renuentes a comprender que la laicidad defiende la libertad de pensamiento y de conciencia; que no niega la religión ni la libertad de cada individuo de profesar cualquier religión o ideología. El dictamen fue avalado por mayoría. Se concreta en adicionar la palabra “laica” al artículo 40 constitucional para definir el carácter del Estado: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Ahora bien, ¿qué temen sus opositores? Nada menos que el freno que la Constitución pondría a las intromisiones que la jerarquía eclesiástica ha venido ejerciendo cada vez con más intensidad en la vida ciudadana. En lo que toca a la educación, lo que busca es que la escuela pública ofrezca enseñanza religiosa; sin embargo, poco aclara que sólo le importa inculcar la religión católica, para ella la única verdadera. Además de mostrar su rechazo a la educación racional –única capaz de generar las bases que vinculan a toda sociedad democrática y plural–, demuestra su discriminación hacía quienes tienen creencias diferentes y su rechazo a la máxima de “al césar lo que es del césar”. Como señaló Miguel Limón1, “si el Estado adoptara en la educación pública las creencias que emanan de algún credo religioso, violaría la libertad de creencias de aquellos que no comulgan con ese credo, y con ello, uno de los derechos humanos del pueblo mexicano...”. Y, en efecto, no debemos olvidar que la escuela y las iglesias son ámbitos distintos con diferentes medios y finalidades. Donde cada iglesia indoctrina y busca creyentes que constituyan su cuerpo de fieles, la escuela promueve procesos de pensamiento racional en torno a conocimientos objetivados de carácter científico que todos podemos compartir; las escuelas forman ciudadanos y las iglesias, devotos. Por eso, sin que implique cuestionar los fundamentos de las religiones, la educación laica es universal y el carácter obligatorio de la educación pública en México compromete al Estado a impartirla de tal modo que todos puedan instruirse y formarse libremente en el poder unificador de los valores universales. Esto es lo que hace de la educación pública un factor de democracia.
Recordemos que ya hace 150 años Benito Juárez instauró el Estado laico y logró el reconocimiento de la supremacía del Estado sobre la Iglesia, que en la Constitución de 1857 Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Francisco Zarco precisaron los alcances de la laicidad para garantizar los derechos sociales y la educación laica y gratuita en todo el país; que en 1917 la Constitución fortaleció esos principios promulgando la libertad de creencias, y que actualmente la laicidad está constitucionalmente garantizada en el artículo 3º que establece: “Dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la iglesia redobla su insistencia en que la doctrina religiosa sea materia de enseñanza en las escuelas públicas. Pareciera no darse cuenta de que con ello expone su incapacidad para cumplir con la misión que ella misma se fija, de allegarse más fieles y hacerse cargo de formarlos en su particular doctrina, como lo hacen otras religiones y como es práctica común en las escuelas parroquiales de casi todas las denominaciones cristianas de buena parte del mundo, que reconocen el valor unificador de la laicidad educativa y no buscan descargar sus responsabilidades en el Estado. No obstante, la laicidad está en riesgo no sólo por las presiones de la iglesia católica. Aun cuando la religión hace tanto dejó de ser el factor de unidad social y menos expresión de soberanía, cada vez más las instituciones políticas la utilizan como recurso de legitimación y de integración social. Esto es evidente en la notoria falta de reacción del gobierno federal a los múltiples intentos de violentar la laicidad. La reforma mencionada profundizará la laicidad del Estado y contribuirá a consolidarla en la educación, pues dará garantías para que en todas las escuelas, todos los estudiantes reciban la educación racional que la sociedad requiere, la que hace posible luchar “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”; la que les permitirá formarse como ciudadanos conscientes, responsables, libres, en la ética universal indispensable a la democracia y la libertad.
1 “Educación, laicismo y sociedad”, ponencia presentada en el Colegio de México el 6 de abril de 2000.
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