Senadores de PAN, PRI, PRD y PVEM presentaron ayer ante el pleno un proyecto de ley general de protección a las víctimas del secuestro, entregado a esta cámara por Isabel Miranda de Wallace, en el cual se plantea que los pagos que se realizan por rescates sean deducibles de impuestos y que se proporcione atención integral a la víctima y sus familiares.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, aclaró que los cinco senadores firmamos esta iniciativa para dar forma a una voz ciudadana, a una propuesta que entregó la señora Miranda de Wallace. No quiere decir que los cinco estemos plenamente y al ciento por ciento de acuerdo con lo que se plantea.

Con las firmas de los senadores damos entrada y formalidad a una instancia ciudadana, y más en este caso, el de haber sufrido el flagelo del secuestro en carne propia y lo que ha pasado a consecuencia de esto. Es una iniciativa que tiene mucho de aprovechable, y que se suma a las 14 que ya están en el Senado, subrayó.

La iniciativa que entregó Miranda de Wallace fue elaborada por organizaciones civiles; se destaca que el delito del secuestro se ha ido incrementando considerablemente en cinco años, cada vez con mayor violencia, dejando familias destrozadas, desintegradas, víctimas que no llegan a reincorporarse al desarrollo personal, social, y se crea una sociedad con desconfianza en la autoridad.

La iniciativa indica que aun cuando los gobiernos locales y federal cuentan con un sinnúmero de facultades para el combate al secuestro, a la fecha el mismo fenómeno criminal no se ha visto afectado; al contrario, sigue en aumento, sumado a los incontables casos en que funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno toleran y colaboran con las bandas de secuestro y la delincuencia organizada, atentando en contra de la sociedad.

La propuesta busca crear la obligación de garantizar por todos los medios el derecho a no ser víctima del secuestro, ya que es un delito que flagela a la persona en todos los aspectos; por tal motivo, el Estado mexicano deberá crear programas encaminados a prevenir la comisión de ese delito.

Se indica que las víctimas que se vean afectadas por un secuestro tienen derecho a solicitar la reparación del daño civil derivado de la comisión de un ilícito; por tanto, las afectaciones turísticas, económicas y culturales de determinada región o zona podrán ser demandadas como daño social a la banda criminal.