El informe de 385 páginas elaborado por la comisión investigadora del caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que puede consultarse en Internet, sostiene que es clara la existencia de deberes jurídicos incumplidos de parte de las diversas autoridades federales, estatales y municipales que, de haber sido satisfechos en su oportunidad, hubieran evitado la propagación del incendio ocurrido en junio de 2009.

Parte de la conclusión de la comisión integrada por los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Rozon Sevilla refiere que el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, es responsable porque no observó que se diera cumplimiento a la legislación en materia de guarderías.

Al gobernador del estado le corresponde un deber de observancia de las leyes, tanto de las que correspondan directamente al Ejecutivo, como las que están a cargo de las diversas autoridades que de él dependan, señala.

El informe agrega que Bours Castelo “debió verificar que se diera cabal cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil en su estado, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución, corresponde al gobernador (…) exigir de las autoridades que dependan del Ejecutivo el cumplimiento estricto de las obligaciones que imponen la Carta Magna, la Constitución estatal y las leyes que de ellas emanen”.

La misma previsión corre a cargo del titular del ayuntamiento de Hermosillo, Ernesto Gándara, pues el artículo 136 de la Constitución de Sonora indica que le corresponde vigilar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes de todos los ámbitos de gobierno, hecho que no aconteció, sostiene el informe.

Respecto del señalamiento de la comisión contra el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, los magistrados concluyeron que estuvo involucrado por firmar los contratos de subrogación con particulares que operan miles de guarderías sin tener facultades para ello.

El informe agrega que todas estas conductas de omisión no son más que la suma de factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente, que desencadenaron el incendio y sus trágicas consecuencias: 49 niños muertos y 65 lesionados.

Añade que la revisión del expediente “permite advertir que en 2003 la guardería ABC solicitó autorización para la ampliación de su capacidad instalada de 160 niños a 192. (…) En el procedimiento de ampliación de la capacidad instalada de la guardería ABC no se recabó la ficha técnica con la cual se debió verificar que las características estructurales y funcionales del inmueble cumplieran la previsión del muro corta fuego, ni las licencias de funcionamiento y dictamen de seguridad municipales, acción que era responsabilidad de las delegaciones (del IMSS)”.

Acerca de las responsabilidades, el informe precisa: es verdad que desde el año 2001, en que inició operaciones la guardería ABC, las personas que fungieron como titulares de esos órganos de gobierno fueron diversos. Sin embargo, no es el caso considerar que por el hecho de haber ostentado el cargo tengan algún tipo de responsabilidad, pues lo cierto es que deben tomarse en cuenta únicamente a las autoridades que ostentaban tales puestos en el momento del siniestro.