El proyecto de reforma laboral que ya fue entregado a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y se presentará en los próximas días a las diversas fuerzas del Congreso de la Unión para su análisis, ya lo limpiaron, lavaron y plancharon, porque le quitaron algunos puntos que incomodaban a los líderes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como es el voto secreto en las elecciones de los sindicatos.

La intención es que el documento pase sin ningún problema y sea aprobado lo más pronto posible, pues el gobierno de Felipe Calderón tiene urgencia en sacar este proyecto, que es casi lo único que le falta para acabar con la Ley Federal del Trabajo y las conquistas laborales que quedan en el país, señalaron dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y abogados laboralistas.

Según detallaron, en las últimas semanas y antes de la presentación del nuevo proyecto al Legislativo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emprendido un amplio trabajo de cabildeo buscando el consenso de líderes sindicales del sector obrero corporativo, a fin de quitar del documento aspectos que les estaban haciendo ruido para apoyar la reforma.

Uno de los puntos objetados por estas centrales obreras se refiere a la entrega de cuentas sobre los fondos sindicales, lo que pidieron que fuera eliminado, al igual que el voto secreto en elecciones. Y como esos temas muchos otros, informaron.

Al respecto, el abogado laboralista, Arturo Alcalde Justiniani, señaló que el nuevo proyecto Lozano va contra aspectos fundamentales de la normativa laboral, como: la seguridad en el empleo, el derecho de huelga, porque pone más requisitos para los emplazamientos y abre la oportunidad para que la autoridad repectiva de manera directa dé por terminados los paros a su criterio; además de que establece la figura de multi-funcionabilidad para que los trabajadores sean obligados a desmpeñar diversas tareas a conveniencia de la empresa.

Para la Unión de Juristas de México, el proyecto de reforma laboral no hace más que confirmar que este gobierno tiene la intención de acabar con las principales conquistas conseguidas en décadas de lucha por varias generaciones.

El líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, señaló que la reforma que propone el gobierno federal, es la más clara muestra de que se busca la precarización del trabajo hasta sus últimas consecuencias. La desaparición de prestaciones, la contratación a prueba hasta por tres meses y la contratación por capacitación hasta por tres o seis meses, no son más que soslayar obligaciones para la parte patronal y facilitar el despido a conveniencia de las empresas. Además, existe la intención del pago por hora o por jornada, que realmente no significa más que empleos pobres y eventuales.

Por su parte la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México, integrada por organizaciones sindicales de pilotos, Alianza de Tranviarios, Red de Abogados Laboralistas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal),  el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) entre otras, apuntó que si bien resulta impostergable una reforma laboral ésta debe darse tomando en cuenta las propuestas elaboradas por académicos, expertos en la materia, así como todas las corrientes sindicales, a los cuales no se está tomando en cuenta.

México necesita una reforma progresista que garantice el reconocimiento y la protección de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, basada en los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, pero lejos de ello, se está yendo contra el principio que propende la OIT para avanzar hacia el principio de trabajo decente para la próxima década, indicó este frente de organizaciones.

Apuntó que la reforma debería contemplar lo señalado por los convenios internacionales firmados por México, así como las recomendaciones que se han hecho en materia laboral por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero en el país transita en sentido contrario, pues se encamina a desconocer derechos plasmados en la misma Constitución, en la ley del trabajo y en la mayoría de los contratos colectivos.